Una vez más, no ha habido diálogo, no ha habido negociación. Los agentes sociales, el empresariado, los sindicatos, ninguno hemos participado de un acuerdo, sellado y firmado tan solo entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ambos en funciones, por cierto.
El acuerdo perpetrado entre PSOE y Sumar implica la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Y Pedro Sánchez y Yolanda Díaz lo han anunciado en un comunicado conjunto. El texto incluye, dicen, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. En el 2024 se bajará de las 40 horas semanales actuales a 38,5, y en el 2025 a 37,5. Ambas reformas se harán por ley, con un cambio en el Estatuto de los Trabajadores, y a partir de ahí sí dependerá, dicen también, de la negociación colectiva.
Desde la Confederación de Empresarios de Galicia no podemos sino rechazar unas medidas que tendrán un impacto negativo para la actividad de las empresas gallegas, en especial para pymes y autónomos, y también para el crecimiento de la economía y la creación de empleo.
Este acuerdo da la espalda a los interlocutores sociales. La CEG ve un afán intervencionista evidente y un atropello al papel constitucional de los agentes sociales.
La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador. De lo contrario, supondrá más costes para las empresas, que se sumarán a los mayores costes de producción, de financiación, etcétera, que ya venían sufriendo, y cuando, y en especial las pymes y autónomos gallegos, siguen yendo por detrás en la recuperación.
En Galicia trabajan en el sector privado 706.100 personas. La implantación de cualquier medida en las empresas debe fundamentarse en la valoración de cada organización y no en su carácter obligado por cuanto no puede haber una solución única para todas las empresas. La reducción de jornada sin más equilibrios debe hacerse bajo la premisa de la valoración voluntaria por cada empresa, tomando en consideración la circunstancia de tener que volver por necesidades de la producción o servicio a la situación anterior.
Otras alternativas de obligación normativa, a buen seguro generarían dificultades a muchas empresas, más aún en una situación económica como la que atravesamos. Recordemos que Francia implantó su semana laboral de 35 horas, con resultados más que discutibles debido al incremento de los costes laborales y el efecto sobre la competitividad de las compañías, lo que hizo que se arbitrasen medidas que atemperaban sus efectos iniciales.
Las micropymes podrían tener más dificultades para un incremento de productividad y eficiencia que compensase la reducción de jornada. Si antes de la crisis financiera, en 2008, en Galicia teníamos 87.472 empresas con trabajadores inscritas en la Seguridad Social, en 2021 sumaban 81.366, diferencia de más de 6.000 empresas... Esta circunstancia nos debe llevar a reflexionar sobre priorización de medidas que estimulen el mantenimiento y creación de tejido productivo, de inversión y de empleo.