Muchas personas desconocen todavía hoy qué significan las siglas IA. Saben que hacen referencia a la denominada inteligencia artificial, responsable del nuevo estadio tecnológico por el que hoy transitamos. Por tratar de aclarar y simplificar, podríamos decir que esta realidad se crea por el hombre para ser empleada en aplicaciones y software, esto es, programas informáticos, y consiste en la introducción de datos que lleven a crear, concluir o clasificar algo. Por ejemplo, si en el despacho introdujésemos los datos de clientes, casos penales, jurisprudencia, etcétera, y le diésemos unas instrucciones concretas de búsqueda, podríamos obtener respuestas a posibles orientaciones legales y otros asuntos.
Quiero decir con esto que es el hombre el que se encuentra tras la máquina y no solo en este ejemplo, sino en todos, y también, por supuesto, en el caso de los llamados deep fake, manipulaciones digitales creadas a través de una imagen real. Es la técnica que se ha empleado para crear falsas imágenes pornográficas de las escolares de Almendralejo, el último caso de ciberdelito, que ha producido gran alarma social. En ellas se puede ver el verdadero rostro de las niñas, a las que se ha colocado un cuerpo ajeno desnudo.
Estos programas se diseñan con fines espurios y podríamos suponer que con intención lucrativa. Y, aunque tras ellos pueden encontrarse varios delitos, muchos usuarios y personas a quien les llegan estos vídeos lo desconocen. Podría decirse que existe, en este y otros casos, falta de percepción del delito que se está cometiendo, y, comenzando por este punto, hacen falta pedagogía e información, aparejadas en el marco de nuevos debates éticos y jurídicos sobre la evolución negativa de estos avances tecnológicos.
Si nos centramos en el castigo legal para los escolares encargados de difundir los vídeos de sus compañeras en Extremadura, nos hallamos ante un pseudo delito de pornografía infantil, que puede castigarse con penas de prisión de hasta 9 años, tal y como se contempla en el artículo 189 del Código Penal. Aunque no venga expresamente contemplado en dicho texto, los hechos pueden castigarse en tanto en cuanto afectan a quien produce, vende, distribuye, exhibe o facilita por cualquier medio material pornográfico en el que, no habiendo sido utilizados directamente menores, se emplea su imagen alterada o modificada.
Todo ello entendiendo que estas imágenes no se han generado para extorsionar a las víctimas, ya que de ser así estaríamos hablando además de un delito de «sextorsión», contemplado en el artículo 243.
Abandonando la vía penal, este este tipo de conductas pueden acarrear numerosos problemas, puesto que afectan también a datos personales como es la propia imagen, y así entraría en juego la protección que otorgan al respecto tanto la jurisdicción civil como la administrativa a través de la Agencia Española de Protección de Datos. El caso podría, pues, dar lugar a elevadas indemnizaciones para las víctimas, que deberían ser abonadas por los padres de estos menores, además de a cuantiosas multas que pueden ascender hasta a 10.000 euros, a abonar igualmente por sus progenitores.
La difusión de estas imágenes tiene, como hemos visto, encaje legal, pero no una ley propia específicamente creada para hacer frente a estas violaciones de la intimidad, relacionadas con la pornografía y de las que, además, pueden ser víctimas menores de edad. Recientemente trató de introducirse una enmienda en la ley del «sí es sí» que incluyese la pena de prisión de seis meses a dos años para quien utilizara porno no consentido generado por inteligencia artificial, que fue finalmente rechazada.
En el ámbito comunitario, la Unión Europea ya planteó en el 2022 la necesidad de adaptarse al nuevo escenario de la IA y ahora se trabaja en la llamada Ley de Inteligencia Artificial.
La tecnología, una vez más, va más rápido que la realidad y produce cambios sociales, muchas veces disruptivos, que nos desafían. Si queremos ganar esta carrera debemos acelerar el paso.