Si ha habido un instrumento de ahorro a largo plazo con un altísimo riesgo regulatorio en los últimos años, ese ha sido el plan de pensiones individual. Privilegiadas sus aportaciones durante años con desgravaciones en la base imponible del IRPF de hasta 10.000 euros, pero al mismo tiempo castigadas sus prestaciones en forma de capital tributando el 100 % por la base imponible general desde el 2007, en los últimos diez años su fiscalidad ha seguido empeorando por decisión tajante del Gobierno hoy en funciones.
Sin embargo, aunque acostumbrados a que habitualmente Hacienda cambie las reglas del juego en mitad del partido en este tipo de productos, unos pocos contribuyentes continúan dando la batalla con acciones de reclamación legítima como es la correcta interpretación del derecho a la aplicación de beneficios fiscales en su más amplio sentido y sin barreras artificiales. Por ejemplo, recientemente la Dirección General de Tributos ha dado, por fin, luz verde a que el contribuyente que aportó a sus planes de pensiones antes del 2007 (por lo que le corresponde al rescatar en forma de capital una reducción del 40 %) pueda aplicar la reducción por dichas aportaciones en diferentes años, logrando una bajada significativa de su factura fiscal.
Hasta la fecha solo se podía aplicar en el año en que se materializaba la prestación, lo cual, si se rescataban varios planes, el tope del 40 % aplicaba rápidamente y el contribuyente se veía obligado a pagar más de lo que le correspondía, no dejándole aplicar su derecho legítimo. Después de las reclamaciones que ha resuelto favorablemente el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), habrá que ver qué criterio se sigue para que los contribuyentes afectados puedan recuperar el dinero que Hacienda se quedó de más en los años anteriores.
Este caso es un ejemplo más de la necesidad de reformar las leyes fiscales para evitar aplicaciones muy restrictivas que, en la práctica, cercenan los derechos de los contribuyentes. Más aún cuando se trata de aspectos de vital trascendencia como es la planificación financiero-fiscal a largo plazo, donde una mala aplicación de la norma fiscal (o una norma fiscal, de facto, perjudicial) altera completamente la oferta de trabajo, el volumen de ahorro o las decisiones de inversión, entre otros.
Es hora de ir enderezando la regulación torcida de los planes de pensiones y el resto de los instrumentos que ayudan a planificar la jubilación. Los últimos datos que ofrece Inverco son la muestra de la desconfianza en este segmento de ahorro, incluso de los planes de empleo que teóricamente tendrán un impulso desde la aprobación del reglamento hace tres semanas. Al cierre del segundo trimestre, las prestaciones son superiores a las aportaciones en 750 millones de euros.