Nadia Calviño mantiene su línea de actuación de convocatorias electorales anteriores y no concurrirá a las elecciones del 23 de julio en las listas al Congreso del Partido Socialista. Nadia Calviño, en el Gobierno de Pedro Sánchez desde su constitución en junio del 2018, mantiene así su compromiso con un proyecto, pero sin implicarse en las listas electorales del partido, reivindicando su posición de independencia.
Lo que sin embargo no le impide seguir manteniendo una notable actividad de Gobierno, con un sobresaliente papel en las negociaciones con la Unión Europea y otros organismos internacionales. Una actividad que, aún con el Gobierno en funciones, continúa, como se ha podido comprobar en la aprobación por el Consejo de Ministros este pasado martes de la segunda parte del Plan de Recuperación. Un plan que permitirá movilizar unos 10.000 millones de transferencia a mayores de los 70.000 millones ya aprobados, y además otros 84.000 millones divididos en diferentes fondos, en créditos finalistas para impulsar la industrialización, autonomía en energía, agroalimentación o el futuro digital. Entre esos fondos tiene gran relevancia política el de Resiliencia Autonómica. Dedicado a la financiación de proyectos de las comunidades autónomas, dotado con 20.000 millones, el 25 % del fondo destinado a créditos. El rumbo de este fondo para las comunidades autónomas tiene en sus objetivos inversiones en movilidad sostenible, vivienda social, rehabilitación urbana, competitividad industrial, turismo, gestión de aguas o investigación y desarrollo, entre otros. Un plan diseñado y consensuado en múltiples reuniones con las comunidades autónomas, por más que la negociación se mantenga, a las que permitirá abordar estrategias económicas e industriales si tal hubiere.
Desde la perspectiva política es posible observar dos aciertos en la configuración de este Fondo de Resiliencia Autonómica. Por una parte, que sea el Banco Europeo de Inversiones (BEI) quien lo gestione y quien evalúe los proyectos antes de su aprobación. Por otra, que los gobiernos autónomos asuman esos créditos a bajo interés como parte de su endeudamiento, lo que también obligará a una gestión eficiente para evitar sobreendeudarse. Estas decisiones eliminarán las acostumbradas fricciones entre el Gobierno de España y los autonómicos, obligará a estos últimos a asumir sus responsabilidades en las propuestas y decisiones tomadas, y solventará el grave problema que España, incluidas las comunidades autónomas, tiene en la administración de lo público. Con unas organizaciones públicas cada vez más debilitadas y desorganizadas para realizar una gestión ágil y eficaz.
Una acción de Gobierno de Nadia Calviño y su ministerio que permite resquicios de esperanza en la política y la gobernanza. Por más que algunos enreden con hipocresías interesadas. Tan inevitables siempre.