El fenómeno de la okupación es tan habitual que ya nos hemos acostumbrado a convivir con él. No obstante, quizá sea la situación que más extraña a la ciudadanía que el derecho y la policía no le puedan poner remedio de inmediato. Mucho progre se muestra comprensible ante estos, según ellos, desheredados de la fortuna. Eso sí, siempre que no les afecte personalmente. Continuamente tienen en los labios el artículo 47 de la Constitución, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, obviando que la intención del legislador del texto de 1978 era que los poderes públicos ayudarían a que esto fuera posible, pero que el afectado también tenía que aportar algo con lo obtenido con el sudor de su frente. Sin embargo, los defensores de lo indefendible no citan el artículo 33 del mismo texto legal, que reconoce el derecho a la propiedad privada, y les parece burgués y represivo el delito de allanamiento de morada o el de usurpación (artículos 202 y 245 del Código Penal). Cuánto fariseo y cuanta necesidad de que los padres de la patria que salgan de las próximas elecciones generales legislen al respecto.