Los abogados del turno de oficio, sin dejar de prestar el servicio, se han manifestado frente al Parlamento de Galicia. La abogacía, desde tiempo inmemorial, procuró atender profesionalmente a aquellas personas que carecían de todo recurso económico y así en la edad media apareció la figura del abogado de pobres, precedente lejano de la actual institución de la justicia gratuita y que ya tuvo su regulación en tiempos de los Reyes Católicos. En los tiempos modernos, la asistencia jurídica gratuita destinada a evitar la indefensión pasa a ser reconocida en sede constitucional ya como un derecho innegable a cualquier persona y absolutamente desligado de cualquier acepción caritativa. Ello implica el que poco a poco se haya ido incrementando el umbral máximo de ingresos que da derecho a la misma, el cual viene referenciado al IPREM, y hace que en la actualidad tenga derecho a asistencia jurídica gratuita cualquier persona que, no teniendo carga familiar alguna, no supere los 1.200 euros mensuales de ingresos. Por ese trabajo, el letrado de oficio percibe una indemnización muy inferior a lo que se cobra en el mercado por dichos servicios en concepto de honorarios profesionales, sirviendo de ejemplo el que por un proceso contencioso completo de separación o divorcio la indemnización asciende a 404,21 euros o una asistencia en un registro domiciliario se indemniza a razón de 20 euros en el baremo que aprobó la Xunta de Galicia para el año 2023.
Como es de suponer, el nivel salarial al uso en nuestro país unido a la crisis económica actual ha provocado que el recurso a esta institución se haya disparado; mientras que las cuantías indemnizatorias no han experimentado un crecimiento en sus emolumentos paralelo al crecimiento en volumen y complejidad de la carga de trabajo. Así pues, la Administración ha incrementado el servicio de asistencia jurídica gratuita que presta a los ciudadanos incluyendo cada vez a más beneficiarios, pero lo ha hecho financiándolo sobre las espaldas de los letrados, a los que mantiene en unos niveles de retribución que se hacen ya insoportables. Este es un problema que se da a nivel nacional y sin duda es algo a lo que hay que poner solución cuanto antes, al no ser de justicia el que la prestación de un servicio público se financie con el bolsillo de unos letrados que bastante hacen con prestarlo con un nivel de dedicación y entrega idéntico al que emplean con el resto de sus clientes.