Nos cargamos la justicia
OPINIÓN
Recuerdo que hace unos años, en el 2009, el Colegio de Abogados de A Coruña adoptó el acuerdo de suspender temporalmente el servicio de asistencia jurídica gratuita por falta de fondos (no pagaba la Xunta). Pues bien, el fiscal superior de Galicia recurrió el acuerdo colegial argumentando que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental y su suspensión viciaba de nulidad el acuerdo alcanzado. El Consello da Avogacía Galega estimó el recurso, se alzó la suspensión y los abogados de oficio tuvimos que prestar la asistencia so pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria.
Paradójicamente, años después de que no se nos permitiera a los abogados dejar de prestar servicios, los jueces y fiscales hicieron huelga, los funcionarios de justicia hicieron huelga y, hasta ahora, los letrados de la Administración de Justicia han estado haciendo huelga; y no porque el ministerio dejara de pagar sus salarios (que se los paga puntualmente todos los meses), sino porque consideraban que merecen más.
Como consecuencia de dicha reivindicación salarial, la actividad judicial en España ha estado prácticamente paralizada durante más de dos meses, impidiendo al ciudadano hacer valer sus derechos y agravando aún más la pésima situación en que se encuentran muchos juzgados. ¡Y no ha pasado absolutamente nada! Y yo me pregunto: ¿habrá dejado de ser fundamental el derecho a la tutela judicial efectiva en este país? O, tal vez, ¿se considerará ahora que el derecho de huelga es prevalente y, por ello, los poderes públicos han consentido la suspensión indefinida de la justicia hasta resolver el conflicto salarial de los letrados de la Administración de Justicia con el ministerio?
Pues si la respuesta es afirmativa, como eso parece, una vez abierta la veda nos vamos a poner todos a la cola para conseguir mejoras retributivas, dejando de prestar servicios (¡tonto el último!), y, a la vista del escaso valor que se le concede a la justicia y el nulo interés que muestran los responsables políticos en mejorarla y dotarla de más recursos para facilitar el trabajo, nos la cargamos entre todos y a otra cosa, mariposa. No dudo de que buena parte de los que prestan servicios en el ámbito judicial merezcan mejores retribuciones, entre los que incluyo a los abogados de oficio, que, por cierto, somos el colectivo profesional peor pagado. Pero entiendo que todos debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y evitar que siga deteriorándose la justicia en nuestro país, que bastante devaluada está ya, máxime en un contexto de crisis económica como el actual, en el que resulta imprescindible que funcione correctamente por el bien de todos. ¡Y ya va siendo hora de que así sea!