El que va por delante, como siempre ha sido, es el Ministerio de Hacienda, que ha montado con muchos medios económicos un sistema de recaudación implacable, con un cuerpo de inspectores que rayan la extorsión y tienen amplios poderes negociadores. Como 007 y su pistola con silenciador. Ellos cierran acuerdos o llevan a cabo investigaciones al filo de lo legal y metiendo la Constitución al fondo del cajón de abajo, y reciben un opaco porcentaje del botín. A pesar de que las reclamaciones del contribuyente por la vía judicial se ganan un 80 % de las veces. Pero dado que son los proveedores de fondos para el Estado, los apoyan todos los gobiernos.
Muy por detrás van la justicia, la sanidad, la educación universitaria, que son fuente de gasto y también muchas veces organismos caciquiles, con pequeños reyezuelos despóticos. Después está el ciudadano al que todos ellos —incluso los que le quitan el dinero— sirven, porque de él son empleados.
La rebelión de los jubilados, que están alzando la voz contra la cita previa, contra la banca electrónica —que no es otra cosa que poner a trabajar a los clientes en labores que tendrían que hacer y tradicionalmente han hecho los empleados—, contra las listas de espera, contra el acoso telefónico, es por un lado la muestra de que los partidos políticos con sus pequeñas miserias andan a por uvas y no nos representan, y por la otra que es una batalla que se acabará ganando por un argumento contundente: porque un día todo esto será tuyo, hijo mío.