Somos millones los españoles que coincidimos con el vicepresidente de la Junta Castilla y León, Juan García-Gallardo cuando asegura que «Hungría, efectivamente, me gusta mucho». A nosotros también. Nos gusta Hungría y nos encantan el Parlamento de Budapest, el castillo de Buda o los baños termales. Es imposible que haya alguien, si lo visitó, a quien no le deleite el país. O si se interesó por su música con Liszt y Bartók, como grandes compositores mundiales; o por su literatura, con el nobel Imre Kertész.
Y hasta ahí llegamos. Ni un paso más. Porque lo que más le agrada al señorito castellano-leonés ya no entra en nuestras preferencias. Es más. A estas alturas de siglo reivindicar la acción de Gobierno y los avances, más bien retrocesos, del país magiar debería ser delito y penado convenientemente. Porque hay que ser muy atrevido e insensato para reivindicar un régimen que está en la diana de medio mundo. El primer ministro Viktor Orbán desconoce lo que significa un Estado de derecho y por eso destroza todo cuanto toca. A los estragos en las instituciones que fueron democráticas y en la Constitución, le siguieron los derechos de homosexuales, inmigrantes, judíos y refugiados. Y la represión de adversarios políticos, periodistas, medios independientes y ONG. Todo cuando no le gusta lo desbarata.
Por eso lo de Gallardo debería tener condena. Porque no es libertad de expresión. Es incitación al odio. Y apología al totalitarismo, que está penada en países europeos. No se puede poner como objetivo a un país, al que el Parlamento Europeo considera que ya no es una democracia y sí una «autocracia electoral», precisando además que lo que allí ocurre representa «una amenaza sistémica» a los valores europeos. Pero es que además, un país democrático, como el nuestro, debería castigar el admirar y poner de ejemplo al único aliado que el matarife Putin tiene en Europa. Es hoy uno de sus escasos cómplices y se jacta de ello, como de chantajear a la UE. Sin que nos inmutemos, estamos soportando situaciones y declaraciones que dañan profundamente nuestra democracia. Los discursos radicales, ultras y hasta fascistas, las coacciones, los chantajes, los insultos y las amenazas se hacen habituales en nuestras vidas. Y lo que es peor, desde las instituciones.
A ver si no tenemos que lamentarlo.