Cuando se han cumplido cuatro meses desde el fallecimiento de la joven kurda Mahsa Amini, el levantamiento popular en Irán vive momentos difíciles. El asesinato, a manos de las fuerzas de seguridad, de más de 500 personas, 68 de ellas menores de 18 años; el arresto de más de 18.400 y las ejecuciones de al menos una veintena de manifestantes, tras juicios sumarísimos y sin las más mínimas garantías legales, parece que están surtiendo efecto en el ánimo de la población, frenando el ímpetu de las protestas. Si bien, dado el bloqueo informativo del Gobierno iraní y su habilidad para manipular y tergiversar los hechos, puede que este parón solo sea una cortina de humo como parte de su campaña de represión. Porque si algo caracteriza el régimen de los ayatolás es su oscurantismo, su habilidad para maniobrar en las sombras y su paciencia para asestar golpes de efecto en los momentos menos esperados.
Como, por ejemplo, la reciente ejecución de Alireza Akbari, ex viceministro de Defensa del 2004 al 2009, durante el gobierno del más moderado Mohamed Jatami. Este político ostentaba la doble nacionalidad británica e iraní y residía en Gran Bretaña desde el 2009. Su detención tuvo lugar hace unos meses durante una visita a Irán. Acusado, entre otras cuestiones, del curioso delito de «corrupción en la tierra», pero, sobre todo, de haber espiado para el Gobierno británico, Akbari denunció durante una llamada que estaba siendo objeto de fuertes torturas para obligarlo a declarar mentiras. La contundente protesta de Londres no se ha hecho esperar, pero no servirá de nada. Esta ejecución es un claro mensaje a Gran Bretaña y, por extensión, a toda la comunidad internacional, de que el régimen de Teherán no solo no tiene intención de ceder ante las protestas y a la presión exterior, sino que se reafirma en la hoja de ruta que lo acerca a los enemigos de occidente, fundamentalmente, Rusia, país al que está suministrando drones para su guerra contra Ucrania, y también a China y a Corea del Norte.