Una de las claves de este año electoral puede ser la respuesta a esta pregunta: ¿qué penaliza más en las urnas, favorecer a los independentistas con la supresión de la sedición y la reforma de la malversación o aliarse con la ultraderecha que quiere obligar a las embarazadas a escuchar el latido fetal para disuadirlas de abortar, sigue al pie de la letra los postulados trumpistas y bolsonaristas y no condena el asalto a las instituciones democráticas de Brasil? Sánchez ha hecho una apuesta muy arriesgada, casi suicida, que le puede costar el poder, ese que la oposición dice que quiere conservar a toda costa. Ha hecho que Puigdemont, el juez Llarena y el secesionismo entren en campaña, favoreciendo los intereses del PP. No importa que solo el 4,2 % de los catalanes crean a estas alturas que el procés acabará en independencia y menos de uno de cada tres lo deseen, según un sondeo de GESOP, porque el tema catalán da votos a la derecha en otras autonomías. Estas reformas y el fiasco de la ley del «solo sí es sí» suponen un revés para el marco electoral que Sánchez pretendía imponer, basado en vender la recuperación económica, la buena marcha del empleo, la inflación más baja de Europa y la protección social. En cuando al PP, Feijoo ha recuperado a Borja Sémper —quien, por cierto, hace diez años dijo que «el futuro en Euskadi se tiene que construir también con Bildu», frase que Otegi compartió en Twitter— para tratar de reconstruir su imagen de moderado. Pero Vox le ha puesto de nuevo contra las cuerdas en Castilla y León, el gobierno que utiliza Abascal para recordarle que si quiere llegar a la Moncloa deberá pactar con su partido, que obtuvo más de 3,6 millones de votos y 52 escaños en el 2019 y las encuestas no detectan que vaya a bajar.