Según ha trascendido, la Agencia Tributaria (AEAT) lanzará una campaña mediática para sensibilizar a la población sobre el valor social de los impuestos. Aclaración: a mí, ya les anticipo, no me hace falta; ya salgo de casa sensibilizado cada día.
La cuestión creo que es otra: sabedores de nuestra obligación de sufragar el estado del bienestar, ¿dónde está el límite? Y me explico: el esfuerzo tributario (concepto mucho más acertado que la presión fiscal) de los españoles crece y crece, superando ya en un 52 % la media de la UE; en el 2022, la recaudación fue de récord y con España perdiendo competitividad fiscal; el 2023 ha empezado con cuatro —¡cuatro!— nuevos tributos (plástico, energéticas, financieras y grandes fortunas); y, sobre todo, el gasto —¡y, con él, la deuda!— no para de crecer… Show must go on.
Se dice que uno de los vectores de esa campaña será que «los ciudadanos conozcan cómo cada uno de los euros que pagan con sus impuestos se refleja en la construcción del estado de bienestar, como promulga la Constitución».
Bienvenido sea —no seré yo quien lo cuestione— ese empeño pedagógico, pero digo yo que la Constitución también dice otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que esos impuestos se recauden conforme a derecho…, lo que nos hace escandalizarnos con que la AEAT pierda más del 40 % de sus pleitos; o que los contribuyentes, como ciudadanos que somos, tengamos derecho —¡fundamental!— a la tutela judicial efectiva…, lo que encaja mal con que los procesos administrativos/judiciales se dilaten cerca de un lustro y/o que la inmensa mayoría solo tengamos derecho a un único pronunciamiento judicial en esas pugnas con la AEAT.
Además, no todos los litigantes en esas lides son Xabis Alonsos o Jorges Lorenzos; no, en esa creciente lista de agraviados también está Penélope, una humilde madre turolense que tuvo que pleitear durante siete —¡siete!— años para que el Tribunal Supremo obligara a la AEAT a abonarle los 100 euros mensuales por hijo a los que tenía derecho. Ese abono —que ella, ¡ingenua!, había pedido que se le pagara anticipadamente— se habrá consumado cuando sus hijos ya sean adolescentes, si no, incluso, ya mayores de edad.
¿Constitución? Sí, claro; pero para todos y para todo. Y, además, tampoco conviene confundir legalidad con legitimidad; pero sí recordar que somos libres (y eso también está en la Constitución). #ciudadaNOsúbdito