Toda persona o grupo de personas tienen derecho a hacer que su voz se oiga, que se escuchen sus necesidades y que se atiendan a sus demandas. En el entorno político se supone que los parlamentarios, como representantes de los ciudadanos, son los encargados de transformar esas voces, esas necesidades, esas demandas en leyes para que puedan alcanzar sus fines. Pero, como no siempre es posible acceder de manera directa a los parlamentarios, es preciso que los ciudadanos se organicen para ejercer la presión necesaria sobre ellos. Este fenómeno, denominado en inglés como lobbying —traducido en versión libre y no reconocida por la RAE como pasillear— o cabildeo, tienen su origen moderno en el Reino Unido en 1640, en un vestíbulo que comunicaba la Cámara de los Comunes con la sala central del antiguo palacio de Westminster, donde los parlamentarios recibían y transmitían los intereses de las fuerzas sociales antes y después de las sesiones.
Aunque hay discrepancias sobre cuándo apareció por primera vez el término lobby como «grupo de presión», ya que algunos investigadores lo remontan a 1820 en un periódico de Washington y otros a 1829 en Albany, la sede del Capitolio del estado de Nueva York, parece claro que como institución parlamentaria surgió en Londres en 1884, mientras que su primera tipificación como delito tuvo lugar en el estado de Georgia en 1877, aunque no sería hasta 1946 cuando se aprobaría una ley federal para regularlo en todo Estados Unidos.
La influencia que pueden ejercer estos grupos de presión, pese a ser legítima y que en muchas ocasiones tiene un objetivo beneficioso para la sociedad, está muy lastrada en el imaginario colectivo, puesto que los límites de sus funciones se desdibujan y confunden con prácticas tan reprochables como la corrupción y el nepotismo. Escándalos como el de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, en cuyo domicilio se hallaron grandes sumas de dinero en efectivo, presuntamente donadas por Catar para influenciar en su favor, no mejoran nuestra percepción, sino que, por el contrario, incrementan nuestras dudas sobre el número de manzanas podridas en la Eurocámara y el volumen de las irregularidades, restando credibilidad a una institución en horas bajas y sometida a grandes dificultades por la crisis económica y energética derivada de la invasión de Ucrania.