Europa necesita importar el 60 % del pescado que consume, sea procedente de la pesca o de la acuicultura, de otros mares y países, incluidos Noruega y el Reino Unido. En el 2013 se aprobó una nueva Política Común de Pesca (PPC). Una PPC reformada en profundidad que entró en vigor en el 2014, atendiendo al establecimiento de límites de capturas sostenibles, ecosistemas saludables y pesquerías estables y productivas para la flota de la UE. Un objetivo de ajuste para el 2020 entre la pesca y las recomendaciones científicas para el conjunto de las poblaciones explotadas en los mares de Europa. Objetivo en el que se avanzó, pues si en el año 2005 el 78 % de las poblaciones de peces del Atlántico noreste estaban sobrepescadas, en el 2018 tan solo lo estaban el 38 %, según el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca, asesor de la Comisión Europea.
En este marco es donde se alcanzan los acuerdos de la Comisión del pasado martes para la fijación de cuotas. Un martes en el que se asiste al tango infinito de Messi, que dice Lluis Flaquer. En las crónicas y análisis de este periódico tienen ustedes los resultados cuantitativos del acuerdo de pesca logrado para el 2023, también la valoración optimista del ministro Planas, y la cicatera de la Xunta.
Resultados debidos a los esfuerzos de la flota en estos años que han permitido una mejora en la explotación de gran número especies y un incremento de aquellos recursos cuya situación presenta una elevada incertidumbre científica. Es decir, recursos cuyas recomendaciones de gestión se sostienen en el principio de precaución. Una incertidumbre derivada de la escasez de datos y de su alcance, o de las limitaciones de las metodologías utilizadas para su evaluación, ambas con incidencia en unas conclusiones con sesgo especulativo, como se ha podido observar a posteriori en dictámenes de otros años. Por ello, la aplicación en esas pesquerías del principio de precaución debe incorporar criterios económicos y sociales que minimicen los efectos negativos para las empresas pesqueras. Criterios entre los que se incluye la propuesta de Portugal, Francia y España de establecer las cuotas para un trienio, y la adaptación consiguiente de los informes científicos en los que se sostienen.
En los mares, sobre todo en los europeos y en sus instituciones, se reconocen y potencian ahora las organizaciones no gubernamentales conservacionistas, además de las tradicionales organizaciones pesqueras. A veces con intereses divergentes. Por más que entre los intereses empresariales está la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, no exclusiva de las organizaciones conservacionistas.
Las organizaciones empresariales y las administraciones nacionales debieran desarrollar sus estrategias de gestión de la PCP desde una robusta aportación de datos y de operadores científicos que los exploten, con el fin de minimizar el impacto contrario a sus intereses de aquellos dictámenes científicos con sesgo especulativo o de gran incertidumbre, habitualmente esgrimidos por los conservacionistas, fruto de la orfandad de datos y análisis.