Escudo social contra la vulnerabilidad financiera: voluntad por un acuerdo
OPINIÓN
Cuando los ciudadanos sufren de forma directa, y hasta dramática, las consecuencias de la situación económica, el clamor social requiere de sus gobernantes actuaciones urgentes. Una de las consecuencias de mayor calado ha sido, sin duda, el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable. Las cosas se tornaron complicadas para muchas familias particularmente cuando en abril de este año el euríbor volvió a valores positivos, tras un largo período de anomalía.
La subida de los tipos de interés respondía a la necesidad de controlar la inflación. Y es cierto que se contuvo, pero solo la tasa general, porque la subyacente no ha parado de subir hasta alcanzar un histórico 6,4 % en agosto pasado. También es cierto que desde enero del 2021 no ha dejado de crecer el porcentaje de hipotecas a tipo fijo, actualmente por encima del 70 %. Sin embargo, el impacto sobre los titulares de hipotecas a tipo variable constituye un mazazo de intensidad inversamente proporcional a la renta que ingresan. Urgía poner freno a la situación y ofrecer un escudo social que aliviara la carga financiera a los clientes más vulnerables.
Las medidas que presentó la ministra Calviño esta semana, tras más de dos meses de negociaciones con la banca, son una buena muestra de que las mejoras sociales solo son posibles con acuerdos, y que estos solo se consiguen con la voluntad decidida de las partes. El principal punto de fricción era el perímetro de clientes que podrían acogerse a las medidas; el Gobierno buscaba llegar a las rentas medias y la banca entendía que esto podría suponer un alto compromiso en sus provisiones. Además, el sector financiero exponía como argumento que la tasa de morosidad está en unos niveles históricamente bajos (3,8 %) si tenemos en cuenta que venimos del casi un 14 % a finales del 2014, por lo que no existía premura en lanzar una tabla de salvación. Sin embargo, nadie, ni siquiera la banca, puede obviar la innegable realidad que golpea a muchas familias y que puede empeorar en la próxima revisión del euríbor, ya que se espera que en diciembre rebase el 3 %.
Con la decidida voluntad de afrontar la situación, el Gobierno consiguió aprobar un plan de ayudas que complementa el Código de Buenas Prácticas de la banca, y que puede beneficiar a más de un millón de deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Logrado el acuerdo con el sector financiero, falta comprobar si la voluntad de la banca en su aplicación es igualmente decidida, ya que el nuevo código es voluntario y solo de obligado cumplimiento para las entidades que se adhieran a él. Es de esperar que así ocurra, porque la aplicación del protocolo se convertirá en un arma competitiva estratégica para la banca.
Esperaremos al próximo año para comprobar la efectividad real de las medidas, pero cada parte ha hecho su labor: exponer sus posturas y negociar, con la firme voluntad de llegar a un acuerdo. Tal y como están las cosas en otros ámbitos, esto ya merece ser valorado. Que pueda hacerse de otra forma, como apunta el partido de la oposición; que no sea suficiente, como indican los socios de gobierno, que se podría mejorar… Puede haber argumentos para todo. Lo único cierto es que la base fundamental del progreso social está en la firme voluntad de lograr acuerdos. Lo contrario es caer en la impasibilidad y en la inercia inmovilista.