La salud de las cuentas públicas es algo que nos debiera preocupar a todos los ciudadanos, especialmente a las generaciones de los más jóvenes. Un alto endeudamiento implica mayores impuestos y/o menor gasto en servicios públicos en el futuro. Nuestros desequilibrios presupuestarios y los de nuestros vecinos también trascienden fronteras. Formamos parte de la Unión Europea junto a otros 26 países. La última década ha puesto de relieve que la insolvencia de algunos de los estados miembros puede comprometer el futuro de la cohesión comunitaria.
Ya antes de la pandemia el gran volumen de deuda pública era la tónica habitual en Europa. Tres de las cuatro economías más grandes (Italia, España y Francia) tenían una ratio de deuda pública/PIB próxima al 100 %. La crisis derivada del covid-19 no ha hecho sino empeorar la situación, aunque para ser justos, el coste de no actuar hubiera sido mucho mayor. Solo piense en la situación de no haberse aplicado medidas como los ERTE o el aumento de la dotación de recursos de los sistemas sanitarios.
Con el final de la emergencia sanitaria, es preciso retomar la senda de la sostenibilidad fiscal. Pero es necesario un nuevo cambio de rumbo. Las reglas fiscales vigentes hasta el 2019 no han funcionado. Muchos han sido los países que han incumplido de manera sistemática con la obligatoriedad de mantener una deuda y déficit públicos por debajo del 60 % y del 3 %, respectivamente. Además, países como España y Portugal se han librado de las sanciones por no tomar las medidas necesarias para cuadrar las cuentas. Su cuantía, de 2.000 millones de euros, explica el porqué de su no aplicación, ya que de lo contrario el error político hubiera sido mayúsculo.
Esto es lo que explica en parte la propuesta anunciada días atrás por la Comisión Europea para fijar un nuevo marco de gobernanza fiscal. Los objetivos de deuda en el 60 % y de déficit en el 3 % se mantienen. Lo que cambia es la forma en la que se deben alcanzar. Se establecen mecanismos adaptados a la situación específica de cada país, los cuales deben elaborar planes a medio plazo (4 años) para lograr los citados niveles, aunque se dará margen para realizar inversiones. Las sanciones reputacionales, y de aplicación más automática pueden ser más útiles a la hora de disciplinar a los estados miembros.
La música de la partitura suena bien, pero ahora toca ejecutarla. Las reglas fiscales deben ser flexibles y sencillas para que se puedan cumplir con facilidad. Pero también deben ser creíbles. Las sanciones y los mecanismos de vigilancia por parte de instituciones independientes pueden ser útiles para lograrlo. Quedan más dudas en lo relativo a su momento de aplicación. Al 2022 le queda poco, por lo que el acuerdo en el Parlamento y el Consejo debe ser rápido si no queremos perder otro año más. Además, en países como el nuestro, la existencia de varios niveles de gobierno dificulta la cogobernanza. Habrá que esperar a ver cómo se reparte el ajuste entre Gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales.