Con reformas y a lo loco

Jorge Fernández Vaquero
Jorge Fernández Vaquero MAGISTRADO. PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA (AJFV).

OPINIÓN

Alberto Estevez

11 nov 2022 . Actualizado a las 20:39 h.

En octubre del 2003 el Gobierno vasco aprobó un plan para alcanzar un nuevo estatuto político para Euskadi _el llamado plan Ibarretxe _ que preveía, como uno de sus pasos, la celebración de un referendo. En los dos meses siguientes, el Gobierno de la Nación impulsó una modificación urgente del Código Penal e introdujo un nuevo delito que castigaba a quien convocase elecciones o consultas populares careciendo manifiestamente de competencias para ello. 

La consulta popular en el País Vasco nunca llegó a celebrarse y el nuevo Gobierno que tomó posesión en abril del 2004 promovió la derogación de la reforma con el argumento de que la convocatoria de consultas ilegales era perfectamente controlable por vías diferentes a la penal. Sin embargo, los sucesos del año 2017 en Cataluña, como sabemos, acabaron desembocando en un proceso penal.

Tanto la reforma del 2003 como su derogación en el 2005 fueron iniciativas adoptadas de manera impulsiva y sin una ponderación serena de las circunstancias, sin valorar debidamente sus implicaciones futuras ante escenarios distintos a los existentes en aquellos momentos. A la hora de legislar, poner el foco en el pasado y contemplar exclusivamente situaciones particulares es un error.

 La proyectada modificación del Código Penal en materia de sedición corre el riesgo de incurrir en esos errores. Al suprimir la sedición y modificar el delito de desórdenes públicos se traslada la idea de que las conductas que ahora son sancionables como sedición pasarán a serlo como desórdenes públicos. Esto no es necesariamente así, porque son delitos distintos. El actual delito de sedición castiga a los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de la ley, la aplicación de las leyes, que las autoridades ejerzan sus funciones o que se cumplan las decisiones judiciales o administrativas. Se castiga, como vemos, el intento violento o ilegal de impedir que se cumpla la ley. En cambio, el delito de desórdenes públicos, tal y como se regula en la modificación propuesta, castigará a quienes actúen en grupo con el fin de atentar contra la paz pública y ejecuten actos de violencia o intimidación sobre personas o cosas, obstaculizando vías públicas de modo que creen un peligro para la vida o la salud o invadiendo instalaciones o edificios.

Una reforma reposada debería evaluar hasta qué punto el comportamiento de quienes intentan impedir que se cumpla la ley pueden ser equiparados penalmente a, por ejemplo, un grupo de gamberros que provoca el caos en una ciudad con destrozos y amenazas. También debería considerar que el delito de sedición, eventualmente, puede tener que aplicarse a grupos de personas que nada tengan que ver con lo sucedido en Cataluña en el 2017. Por lo mismo, su derogación puede tener un alcance que vaya más allá de su posible aplicación a aquellos hechos o a otros similares que pudieran darse en el futuro.

 Son las Cortes Generales las que tienen que decidir si es pertinente o no modificar el Código Penal.

Pero las reformas exigen reposo y mirada al futuro para evitar espacios de impunidad que ahora no vemos.Se precisa de una valoración razonable sobre qué se quiere mejorar con perspectiva. Hay que tener en cuenta siempre las potenciales consecuencias de la nueva regulación para evitar espacios de impunidad de conductas graves para la sociedad que ahora no vemos.