¿Solo 20.000 euros para proteger al cliente bancario?

Patricia Suárez Ramírez PRESIDENTA DE ASUFIN

OPINIÓN

09 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Todo apunta a que, después de más de una larga década de promesas incumplidas, la tan ansiada autoridad independiente de defensa del cliente bancario verá la luz antes del término de esta legislatura. Nos consta que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha hecho suyo el compromiso de desatascar el tema y el texto propuesto ya avanza en su trámite de convertirse en proyecto de ley para remitirse a las Cortes.

Es el último paso para que tengamos en nuestro país, finalmente, un organismo pensado para velar por la defensa del consumidor, terminar con la lentitud insoportable de la Justicia en la resolución de pleitos bancarios, y, en suma, perfeccionar el sistema financiero para equilibrar la relación entre clientes y entidades y compañías financieras. O, al menos, eso esperamos.

Cuando estamos acariciando esta realidad, no podemos dejar de insistir en que necesitamos que la futura autoridad no defraude nuestras expectativas.

Queremos que las decisiones sean vinculantes incluso más allá del tope de 20.000 euros propuesto, que sirvan para que cualquier práctica indeseable sea expulsada del mercado en cuanto se detecte. Las entidades financieras han demostrado en la última década que prefieren judicializar los conflictos, a pesar del desgaste que supone para sus clientes, la pérdida de confianza y el coste que tiene para los contribuyentes. Los denominados juzgados especializados resuelven a favor del consumidor el 97 % de los procedimientos, lo que no obsta para que la mayoría de las entidades recurran a la audiencia provincial en un afán de retrasar el resarcimiento a su cliente, además de disuadirle de reclamar. Un comportamiento que podemos calificar de abuso del sistema judicial en contra de los consumidores.

En este orden de cosas, nos parece imprescindible que para salvaguardar la independencia del organismo y, sobre todo, su capacidad de ejecución y resolución de asuntos, tenga una financiación suficiente, más allá del pago de tasas por parte de las entidades.

¿Asistiremos algún día a que la mayoría de los clientes bancarios no tenga que recurrir a la Justicia, con el coste de tiempo y dinero que eso conlleva, porque las malas prácticas serán detectadas, sancionadas por este organismo a tiempo y expulsadas del sistema? Ojalá.

Tenemos la esperanza de que así sea.