El gasto público en España pasó de representar menos del 40 % del PIB en el 2002 a más del 50 % en el 2021, lo que significa que la sociedad entrega cada vez más riqueza al Estado. ¿Estamos siendo más ricos haciendo esto? La respuesta es negativa, ya que el PIB per cápita en términos reales en el 2021 fue aproximadamente el del 2002. Si entonces fue de 25.026 dólares (dólares del 2010), en el 2021 fue de 26.238 dólares (también del 2010), es decir, un escuálido 4,8 % más.
El peso económico del Estado también aumentó entre 1982 y el 2002. Ahora bien, en ese lapso de tiempo también lo hizo el PIB per cápita. Concretamente, pasó de 14.697 dólares (dólares del 2010) a los mencionados 25.026 dólares o, lo que es lo mismo, el 70,3 % más. Sin embargo, en el período al que nos referimos hemos asistido a un Estado con un porcentaje de riqueza cada vez mayor en su poder, sin que la riqueza económica haya mejorado en igual medida.
Si la contrapartida de un Estado más grande no ha sido la creación de más riqueza, ¿será entonces que los servicios públicos prestados en el 2021 son de mejor calidad que los que se prestaban en el 2002? Todo parece indicar que no es así. En educación secundaria, por ejemplo, los resultados del informe Pisa del año 2018 no son mejores que los del año 2003. Lo mismo se puede decir de la educación superior, pues la situación de las universidades públicas en el ránking de Shanghái del 2021 se parece mucho a la que tenían en el 2003. En la esfera de la sanidad, en el año 2002 la esperanza de vida al nacer en España era de 79,6 años y en el 2021 había subido a 83,1 años, por lo que cabría inferir que las cosas en este ámbito sí han mejorado. No obstante, deberíamos ser cautos y contabilizar el efecto de los avances tecnológicos que se han producido en sanidad y las donaciones al sistema público, que se han ido acentuando con el tiempo.
En el apartado de infraestructuras es cierto que la red de carreteras, líneas de AVE y aeropuertos es más densa que en el 2002, pero no parece que haya tanta diferencia en el uso que le dan la mayoría de los ciudadanos. A su vez, la digitalización de la administración pública no parece haber logrado que la población realice los trámites con mayor rapidez y eficacia. Si evaluásemos el coste de las cargas administrativas, posiblemente veríamos que la burocracia no ha retrocedido en estas dos décadas. Por último, el sistema de pensiones parece el único aspecto en el que el incremento en el tamaño del Estado ha producido mejores prestaciones. Una conclusión que, sin duda, queda ensombrecida por la falta de mejoría en otros destinos del dinero público.
En definitiva, que el Estado requiera en el 2021 un porcentaje mayor de la riqueza que en el 2002 y no proporcione a cambio más y/o mejores servicios públicos es poco alentador. Porque es tanto como decir que las personas del 2021 no se merecen ser tratadas como las del 2002. Claro que la enfermedad de los costes, de la que hemos hablado en esta tribuna, podría ser parte de la explicación.