De financiaciones (¿y lugares?) que no importan
OPINIÓN
En 1705, el astrónomo Edmund Halley plantea un patrón de repetición en la aparición de cometas, en intervalos de 75 años, y da un paso más formulando la hipótesis de que, en realidad, era siempre el mismo cometa, anunciando el regreso del que después llevaría su nombre, 75 años después. La financiación local recuerda a este cometa, siempre vuelve, por muchos motivos, pero el principal es que las entidades locales son las grandes descubridoras de competencias. Basta ver su papel durante la pandemia como auténtica primera línea de defensa y su rol de sostén de las infraestructuras sociales, esos «palacios del pueblo», en palabras del sociólogo Eric Klinenberg, que potencian la construcción de capital social. A pesar de esto, no se aprecia una pulsión reformista en relación con el sistema de financiación local. Dentro de las constelaciones de narrativas económicas imperantes priman las referidas a otros debates, y, en este ámbito, resulta evidente la primacía de la relativa a la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero, ¿cabe hablar de ella sin abordar la financiación local? ¿Es posible responder al reto demográfico y democrático de la despoblación sin abordar la financiación de los «lugares que no importan», en palabras del profesor Rodríguez-Pose?
La financiación local en España se articula en torno a tres componentes y, en relación con los tres, parece existir un consenso generalizado acerca de su perentoria reforma. El primero son los tributos propios, para los que se plantea el incremento de su capacidad recaudatoria, dotándolas de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. El segundo es la participación en los ingresos del Estado, a través de un sistema dual con casi veinte años de vigencia, que en Galicia representa cerca del 30 % de los ingresos de las entidades locales, y que carece de efectos niveladores entre entidades. Por un lado, está la financiación de los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes y las diputaciones (con un sistema de participación en los grandes tributos del Estado sin capacidad normativa) y con efectos puramente conmutativos: a cada uno lo suyo, por el que Lugo —254 euros por habitante—, por ejemplo, recibe menos de la mitad que Madrid —535 euros por habitante—. Y, por otro, el régimen general, en torno principalmente al criterio poblacional con efectos puramente distributivos. Y, finalmente, la participación en los ingresos de la comunidad autónoma, que en Galicia representa algo menos del 10 % de los ingresos de las entidades, alejado de los niveles de Cataluña, y que otorga tres de cada cuatro euros a las entidades locales de forma condicionada o dirigida vía convenios o subvenciones, una anomalía en un contexto de federalismo fiscal y que cabría preguntarse si es la mejor forma de alinearse con el concepto de autonomía local sancionado en la Carta Europea de la Autonomía Local, como derecho y capacidad efectiva de disponer libremente de sus recursos propios.
De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. No parece que sea esta la lógica del actual modelo, porque no tenemos claras ni las necesidades, a pesar de las proclamas de «una administración, una competencia» de la ley de racionalización del 2013.
La realidad del intruso de las competencias impropias sigue siendo perenne. El principal programa de gasto de los 200 ayuntamientos de Galicia con menos de 5.000 habitantes es la asistencia a personas dependientes. Y, por otro lado, las capacidades, el reto de la despoblación y no solo del interior, aconsejaría una visión global, que reconozca el círculo de intereses gestionado por las comunidades locales, su necesaria autonomía y capacidad de decisión desde un punto de vista de equidad horizontal y cobertura estándar de servicios básicos, que parece requerir un abordaje conjunto de la financiación autonómica y local. Y sus criterios de reparto. Porque el Halley siempre vuelve.