Acudo, mañana, lunes, al Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea con el firme propósito de que la Comisión Europea revise, a la mayor brevedad posible, su decisión de vetar la pesca de fondo en 87 zonas de la plataforma continental occidental comunitaria.
Como primera potencia pesquera europea, pero también como un país que mira constantemente al mar, España asume su responsabilidad, y lo hace por propio interés, en la protección y conservación de los ecosistemas marinos vulnerables.
Teniendo en cuenta ese principio, consideramos que el acto de ejecución recientemente aprobado por la Comisión Europea, y sobre el que tanto se ha escrito en estas páginas a lo largo de esta semana, no es proporcionado ni se ajusta en el fondo, pero tampoco en la forma, a los fundamentos que una decisión de este calado requiere. Lo he manifestado ya varias veces y lo sigo reiterando en estas líneas.
Por eso, ya he trasladado al comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, la disconformidad que ha provocado esta decisión en España, que compartimos, sin fisuras, todas las Administraciones concernidas y el sector afectado.
La prácticamente inexistente consulta al sector, la ausencia de evaluación del impacto socioeconómico asociado a esta medida o la no utilización de la mejor información científica disponible son solo unos ejemplos que señalan lo manifiestamente mejorable que ha sido este procedimiento.
Y me preocupa, y sorprende, el hecho de que la recomendación científica del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) no estaba concebida ni orientada para su aplicación a todas las artes de fondo y, sin embargo, se ha optado por aplicar los cierres de zonas de pesca al arte de palangre de fondo, que tiene un impacto prácticamente nulo en los ecosistemas marinos vulnerables.
Una vez conocida la última versión de este acto de ejecución, desde el ministerio que dirijo nos hemos puesto inmediatamente manos a la obra, con el sector y las comunidades autónomas, para comprobar en detalle, a nivel de arte, junto con las asociaciones y, si es necesario, de cada barco de manera individual, cuál es el impacto existente y poder, así, tratar de minimizar en lo posible sus consecuencias.
Y, en paralelo, estamos firmemente comprometidos para hacer valer todas esas razones y que la revisión de esta decisión pueda realizarse lo antes posible. En dicha revisión, que lamentamos no se haya producido incluso antes de su publicación, ha de prevalecer el análisis del mejor conocimiento científico disponible, sin dejar de tener en cuenta el impacto social y económico en el sector pesquero.
Creo firmemente que la pesca realizada por España y por toda la flota comunitaria es un referente de sostenibilidad a nivel mundial. Trabajamos cada día para contribuir a que así siga siendo. Debemos estar orgullosos de nuestros pescadores, hombres y mujeres que cada día salen a la mar, y que, con su trabajo, proporcionan una fuente de proteína tan importante como la que nos aporta el pescado, que constituye una garantía para el abastecimiento alimentario de nuestra población.
Y, por ello, debemos asegurar que la protección de los ecosistemas marinos, con la que reitero mi compromiso, se haga de una manera equilibrada, efectiva y justa.
Protección sí, pero teniendo en cuenta también la de nuestros pescadores.