Vedas, vetos, ciencia y políticas pesqueras europeas

Uxio Labarta
Uxío Labarta CODEX FLORIAE

OPINIÓN

Eliseo Trigo | EFE

24 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El cierre, a toda la pesca de fondo, del 17 % de la plataforma continental atlántica, en profundidades de entre 400 y 800 metros, se ha consumado con una decisión tomada al amparo del reglamento de ejecución 2022/1614 del comisario de Pesca de la Unión Europea. Cierto es que en todos estos años se ha afianzado una corriente de opinión o pensamiento en torno a los perjuicios de una explotación generalizada de los océanos. Corriente de pensamiento que ha actuado con singular activismo y fortaleza entre los lobis de opinión que actúan en el entorno de la Unión Europea (Parlamento y Comisión).

Este reglamento de ejecución viene articulándose desde hace años, al igual que los informes científicos del ICES —consejo asesor de la UE en temas marinos— sin que las organizaciones pesqueras, las científicas o las administraciones autonómicas y estatales hayan argumentado con contundencia frente a ese pensamiento conservacionista que considera toda actividad pesquera una agresión irreparable a los ecosistemas. Y que amplía, más allá de la evidencia científica, la significación y el calificativo de «ecosistema marino vulnerable» con un informe del ICES, en palabras del eurodiputado Millán Mon en La Voz, del «año 2017 con datos del 2011». Sin que las administraciones y las organizaciones económicas que explotan esos ecosistemas hayan aportado datos científicos y económicos que permitan reivindicar la sostenibilidad de la actividad pesquera en esos fondos o cuestionar la calificación de ecosistema vulnerable.

Al parecer, a las administraciones, las organizaciones económicas y a los gobiernos se les fue de entre las manos el avance paulatino de los mimbres que se iban juntando para construir este cesto de vedas y vetos en aguas de cuatro países comunitarios, sin que las repercusiones socioeconómicas en las poblaciones y mercados pesqueros se hayan incorporado en esa toma de decisiones. Y sin que la propia Comisión y su comisario de pesca haya aportado vías alternativas para la flota y los mercados afectados.

A la espera de que el hipotético recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo se pueda confirmar —con argumentos y datos consistentes— para lograr la suspensión cautelar, gobiernos, administraciones y organizaciones económicas deberían reforzar a sus administraciones científicas y de gestión pesquera para que la evidencia de los datos reales ponga coto a una formulación de sostenibilidad que limite o cercene la actividad económica. Y poder lograr en noviembre, con la revisión del informe del ICES, un cambio de posición del comisario y la Comisión. Pues mantener que todos los aparejos y artes que toquen el fondo causan daño al ecosistema no deja de ser una especulación, sostenida al amparo de sucesivas y múltiples dejaciones y olvidos.