Aunque ha pasado desapercibido durante demasiados meses, no hay que olvidar que España tiene encima de la mesa un catálogo de recomendaciones de política económica dictadas por la Comisión Europea, entre las cuales se encuentra la reforma del sistema público de pensiones. Las indicaciones de Bruselas están encaminadas a reequilibrar financieramente el sistema tras las decisiones tomadas en los últimos cuatro años, que han supuesto un incremento muy sustancial del déficit estructural (estimado por la AiREF en torno al 1,5 % del PIB) y, muy especialmente, han llevado al sistema a un déficit contributivo que de enero a julio ya supera los 13.000 millones de euros.
El 2022 (y probablemente lo será también el 2023) es un año donde las cuentas del sistema público de pensiones van a ofrecer una imagen distorsionada por el enorme flujo de entrada de ingresos por cotizaciones. Es evidente que en su mayor parte son ingresos cíclicos debido a la inflación (es pura y dura rémora fiscal). Sin embargo, el ministro Escrivá pretende confundir los términos del análisis haciendo pasar como ingresos estructurales lo que no son más que ingresos transitorios que van a servir de excusa para subir las pensiones con arreglo a IPC, uno de los actos de mayor riesgo para la estabilidad futura del sistema que se hayan cometido nunca.
Pero no solo se pretende indexar las pensiones teniendo que hacer malabares con la ratio de gasto en pensiones sobre PIB para intentar convencer a Bruselas de que no es algo peligroso. En esta labor de convencimiento entra en juego una de las modificaciones paramétricas por excelencia ya ejecutada en el pasado, que es la ampliación del cómputo de años para el cálculo de la pensión. Si se plantea solo en estos términos se trataría de una buena noticia (después de muchas malas), ya que supone reducir en un porcentaje relevante la pensión de entrada al sistema (subir la edad legal de jubilación conseguiría un efecto parecido en esta línea).
Sin embargo, acto seguido de plantear esta modificación, el ministro Escrivá dice que se podrán excluir los cinco peores años de cotización para que no perjudiquen el cálculo final. Dicho de otra forma: pasamos de una buena iniciativa a una acción que comporta un ahorro mucho menor del necesario y a una situación arbitraria que no soluciona nada, sino que además puede perjudicar aún más la sostenibilidad del sistema público a medio y largo plazo.