Caín y Abel serían hoy en Galicia familia numerosa

Abel García Rodríguez ABOGADO Y ASESOR FISCAL. SOCIO DE LIFE ABOGADOS

OPINIÓN

PRADERO

15 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Fue en el Neolítico cuando el hombre dejó de ser nómada y se hizo sedentario, empezando a labrar la tierra. Ahí descubrió que el abono de la tierra le reportaba una mejor cosecha. Tras esa primera revolución agrícola la población creció de forma exponencial hasta hoy, donde la preocupación principal de los gobiernos del estado del bienestar es proporcionarnos un entorno digno donde todos tengamos cubiertas unas necesidades básicas.

Y mientras en su momento el abono de la tierra sirvió como catalizador del crecimiento de la humanidad, ahora los políticos se afanan en poner todos sus esfuerzos y su imaginación, en un entorno de severa competencia fiscal, en incentivar y animar a las familias —como si de abono se tratara— a tener hijos y a detener el desplome de la natalidad, y, de paso, tratar de conseguir unos votos.

Cualquier esfuerzo es poco en este punto, pues no debemos perder de vista que en los países de la OCDE la tasa de fertilidad total ha caído desde 3,3 hijos/mujer en 1960 hasta 1,6 hijos en el 2020; y tenemos que pensar que serán nuestros hijos quienes se tengan que enfrentar al pago de la ingente deuda pública que hoy se utiliza precisamente para hacer frente y financiar dichas políticas públicas que fomentan la natalidad, o que tratan de allegar unos euros al maltrecho bolsillo de los ciudadanos… Me temo que no descubrimos nada nuevo al recordar que los políticos nos ayudan con nuestro propio dinero o con el que tendremos que devolver en el futuro, pero no está de más agradecer estos esfuerzos en un momento como el actual, en el que la coyuntura económica no es la más favorable para la ciudadanía en general.

Por eso, es momento de sacar tajada tributaria y ahorrarse unos eurillos en las rebajas fiscales de septiembre, que es cuando los políticos anuncian a bombo y platillo las medidas fiscales que pretenden incorporar a los presupuestos del próximo año, y más en un año como este, previo a un año electoral. Los gobiernos de todo signo vienen diseñando medidas de protección a la familia y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no ha sido menos al anunciar hace unos días que las familias con dos hijos tendrán el mismo trato fiscal que las tradicionales familias numerosas (las que tienen 3 hijos, por lo general), creando para ello una deducción de 250 euros en el tramo autonómico del IRPF, que previsiblemente entraría en vigor en el año 2023 y que se notará en el bolsillo de los ciudadanos en la primavera del 2024, cuando presenten su declaración de IRPF. ¡Quién nos ha visto y quién nos ve, considerar que dos hijos son familia numerosa! Algo inimaginable para quienes nos hemos criado en las familias más que numerosas de los años 60 del siglo pasado.

Sería deseable que esta equiparación de beneficios fiscales no se limitara a una deducción en la cuota del tramo autonómico del IRPF (aunque 250 eurillos son unos eurillos), sino que se hiciera extensible al resto de beneficios fiscales aplicables en la comunidad gallega a las familias numerosas en otras áreas, como educación, ocio y tiempo libre, vivienda, transporte, tasas (universitarias, entre otras), precios públicos y otros impuestos.

Recordemos que las familias numerosas tradicionales (las de 3 miembros como mínimo) pueden gozar en Galicia de los siguientes beneficios fiscales a día de hoy:

1. En el Impuesto de Transmisiones: tipo reducido del 3 % en la adquisición de vivienda habitual, y deducción del 100 % de la cuota íntegra si esta se encuentra en zonas rurales o poco pobladas.

2. En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, un tipo reducido del 0,50 % en la adquisición de vivienda habitual (cuando la compra está gravada con IVA), y una del 100 % de la cuota íntegra si esta se encuentra en zonas rurales o poco pobladas.

3. En el IRPF, además de la deducción comentada de los 250 euros previstos con carácter general (que es el único beneficio que se ha anunciado), una deducción incrementada a 500 u 800 euros cuando alguna de las personas que componen la familia numerosa tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 65 %.

En rebajas, aunque sean fiscales, por pedir que no quede.