Tanto si el acuerdo se produce mañana a primera hora de la mañana como si llega en el 2065, el daño causado a la Justicia española es ya irreparable. Y lo vamos a pagar por mucho tiempo, porque los desatinos en la renovación de los órganos judiciales alcanzan grados difícilmente comprensibles en un país en el que cada media hora se nos exige lealtad y cumplimiento de las leyes y la Constitución.
Y sin embargo, la Constitución es la primera víctima de este incomprensible enfrentamiento entre Gobierno, oposición y Poder Judicial. Se incumple la Carta Magna, lo hacen los populares. También se saltan la ley, lo hacen los jueces, que obliga a esa renovación en tiempo y forma. Los elegidos para cinco años, con un equilibrio de fuerzas políticas muy diferente al actual, se apropiaron de los sillones y no piensan moverse. Y desde esa situación se permiten, como viene haciendo habitualmente Carlos Lesmes, abroncar a Sánchez y a Feijoo, que pasaron por las urnas, y amenazar con tomar «decisiones que ni queremos ni nos gustan». Así de perdonavidas.
Algún prestigioso jurista no ha dudado en calificar la situación como golpe de Estado institucional. Equiparándolo incluso con la revolución de los señoritos catalanes. El problema es que este golpe, si así fuera, lo permite la Constitución y la regulación del CGPJ y el TC, al poner en manos del poder político un grado de participación. Que nadie quiere corregir. Y lo alimentan unos irresponsables que dedican el tiempo libre que les permiten las peleas a castigar los desmanes, incumplimientos y faltas que cometemos los demás.
La situación que se vive en la Justicia española, inédita en Europa, que ya advirtió de su peligrosidad, está destrozando el orden constitucional y el respeto al texto que nos dimos. Y rompiendo el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado. También, y no es asunto menor, menoscabando su legitimidad y su prestigio. Según el CIS, hace tres años, el 50,8 % de los españoles cuestionaba la imparcialidad de la justicia. Hoy lo hace el 59,8 %. Y aumentando. Porque la insensatez y el disparate se han instalado donde menos debían hacerlo. Ahí se mantiene. Estamos entre los cuatro países europeos que menos creen en los tribunales.
Y ahora, si quieren, hablamos de Venezuela. Y de su justicia. Que tanto gusta a algunos.