En el contexto nacional e internacional en el que nos encontramos, con una guerra en Ucrania que nos repercute directamente, con una inflación disparada en el 10,8 %, con un encarecimiento de las materias primas, de la energía, de los carburantes que muy pocos recuerdan y saliendo de una crisis sanitaria como fue la del covid, en la que más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia no se habían recuperado, la situación para los más de tres millones de autónomos que hay en España (208.000 gallegos), no pinta nada bien.
A pesar de los positivos datos de paro que daba el ministerio, los autónomos llevábamos unos meses sufriendo un frenazo importante en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo, situación que se acentúa duramente en el caso de Galicia. En el último año esta comunidad ha perdido 1.535 cotizantes autónomos a la Seguridad Social. Son muchos los pequeños negocios y actividades gallegas que no han podido aguantar más. En este territorio cada vez son menos los emprendedores que ven en el autoempleo una opción de vida y de desarrollo de su actividad profesional. Y aquí es donde las administraciones deben poner todos sus esfuerzos. Nos espera un otoño complicado. Si no se toman medidas desde ya, finalizaremos el 2022 con menos autónomos que al inicio del año, algo que no sucedía desde hace prácticamente una década y que puede tener consecuencias nefastas tanto para nuestra economía como para nuestro mercado laboral.
Pero el Gobierno lejos de tomar iniciativas para ayudarnos, nos pone trabas. Se acaba de aprobar un nuevo paquete de medidas urgentes de ahorro y eficiencia energética que estará vigente hasta noviembre del 2023. Lo que parece que no saben es que todos los ciudadanos, todos los autónomos, ya hemos empezado hace varios meses a apostar por el ahorro energético en la medida que cada uno podemos, porque lo que sí que no somos capaces de asumir es el incremento de los gastos. Son medidas que no tienen en cuenta la diversidad de los trabajos en el colectivo y que, además, van a suponer, en muchos casos, unos gastos extra que no estamos en situación de asumir. No es momento de obligar a gastar más, y la norma obliga, entre otras cosas, a los comercios a tener puertas de cierre automáticas para cumplir las medidas de ahorro energético. Me pregunto: ¿En un momento como el actual, el negocio que no las tiene debe adaptarse y reformar? Otra pregunta: ¿Y el camarero que sale y entra del bar con la bandeja tiene que tener obligatoriamente la puerta cerrada del local?
Porque los autónomos son la base de nuestro tejido productivo, porque son el eje vertebrador de nuestros pueblos y ciudades, necesitan ahora más que nunca el apoyo directo de nuestras administraciones y que no les pongan zancadillas. Nos espera un final de año complicado, pero en sus manos está poder frenar este descenso brusco del número de autónomos hacia el que nos encaminamos.