Ineficiencias insoportables
OPINIÓN
Desde el próximo mes de octubre y hasta junio del 2023, una magistrada de Santiago de Compostela, siguiendo unas reglas procesales establecidas en una ley de 1883 y contando con unas herramientas tecnológicas que, eventualmente, pueden hacer imposible interactuar con juzgados o instituciones de otros lugares de España, tendrá que dirigir las sesiones del juicio por el accidente del tren Alvia en Angrois en el 2013, que provocó la muerte de 80 personas y lesiones a otras 144. Durante los casi diez años transcurridos desde el accidente, otros jueces han dirigido, con idénticos medios, la investigación del suceso hasta llegar a este punto.
Que el enjuiciamiento de un hecho de este tipo requiera de un tiempo mayor del habitual es comprensible, incluso por razones logísticas. El verdadero problema estriba en que ese lógico retraso se acumula sobre un funcionamiento de la justicia que, de ordinario y para asuntos más sencillos, es anormalmente lento.
La justicia española tiene un problema de eficiencia que, en buena medida, tiene que ver con su lentitud. En su reciente Informe sobre el Estado de Derecho en España (2022), la Comisión Europea recomienda a nuestro país que tome medidas para hacer frente al problema de la duración de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. También alerta sobre el aumento de los plazos de tramitación en asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos. El informe incide en algunas de las causas de esta lentitud: el número de jueces por habitante en España es uno de los más bajos de la UE, hay problemas de interoperabilidad entre los sistemas informáticos de cada territorio y las leyes procesales provocan ineficiencias. Otros informes de la UE (Indicadores de la Justicia 2022) y del CGPJ (Justicia dato a dato 2021) revelan que, superado el parón por el covid-19 en el 2020, el número de asuntos que llegan a los juzgados ha superado los niveles del 2019, de manera que, aunque también aumenta la tasa de resolución, la pendencia se incrementa.
Necesitamos más jueces, mejores leyes y herramientas tecnológicas que faciliten —y no entorpezcan— el funcionamiento de la justicia. Necesitamos también potenciar alternativas para que determinados conflictos no acaben en el juzgado. En algunos aspectos se trata de invertir más, en otros de invertir mejor. Todo ello requiere de un impulso que solo puede provenir de la política. Nuestros gobernantes son quienes pueden acometer las reformas necesarias para mejorar nuestra justicia.
Solo la exigencia ciudadana puede empujarles a hacerlo. Una justicia ineficaz perjudica a los ciudadanos que acuden a ella buscando una solución. También daña la confianza de los inversores y acaba repercutiendo en sus decisiones, menoscabando nuestra economía.
Cuando llegue la sentencia habrá transcurrido una década desde el accidente. Una década de desazón para los acusados y de frustración para las víctimas. No deberíamos olvidar que esos diez años son consecuencia de los dos, tres o cinco años que emplea nuestra justicia en resolver otros asuntos más sencillos. Como ciudadanos, deberíamos exigir que ninguna otra persona tenga que sufrir las consecuencias de una justicia ineficiente.