Acaba de aprobarse una nueva regulación para los autónomos, que, de acuerdo con la norma, cotizarán en función de sus ingresos reales. La ley afecta a 3,4 millones de personas, todas ellas en el punto de mira de Hacienda, que tiene el encargo de hacer cruces de datos hasta encontrar al responsable del último euro defraudado.
Siempre se entendió que la consideración de defraudador iba ligada a la categoría de autónomo. No estoy del todo de acuerdo. Cierto es que entre el colectivo de trabajadores por cuenta propia habrá de todo, pero también lo hay en profesiones de referencia que sin ser autónomos prefieren cobrar en negro. La Administración lo sabe. Y sabe también cómo se podría corregir esa situación: facilitando una desgravación mínima por cada trabajo, servicio o consulta realizada. La intención de cobrar en negro se disipa con el interés del que pueda deducirse de su IRPF un solo euro.
¿Por qué no se pone remedio? No me creo que ningún funcionario de Hacienda no haya escuchado alguna vez aquello de ¿quiere factura? o incluso haya pagado en «b».