La semana pasada el presidente Sánchez introducía desconcierto con un anuncio inexacto: «El Gobierno de España hará fijos a 67.300 sanitarios». Noticia impactante pues se tenía asumido que la transferencia de las competencias en el sistema de salud a las comunidades autónomas había finalizado en el año 2002, segundo mandato de Aznar, con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y por tanto a los gobiernos autónomos corresponde su planificación y gestión, incluida aquella de personal.
Si ustedes han leído el inteligente y detallado análisis de Félix Jiménez, asesor jurídico del Colegio Médico de A Coruña, en La Voz, saben que el presidente Sánchez no «hará fijos a 67.000 sanitarios» sino que, de acuerdo a la ley de medidas urgentes, a instancias de la UE, para reducir la temporalidad en el sector público, el Consejo de Ministros aprobaría lo mandatado en ella para adaptarla al personal de los servicios de salud, como el Sergas. Disposición que fijaba su límite en el 8 de julio de 2022.
Titulares que desconciertan y restan credibilidad al Gobierno. Al igual que sucede con el manifiesto (sic) de los gobiernos autonómicos, abajo firmantes, para espabilarse sus responsabilidades y reclamar que quienes no tienen competencias resuelvan sus deficiencias y errores de gobierno en la asistencia sanitaria. Algo al uso en Galicia desde junio de 2018.
Es obvio que la asistencia sanitaria, y la atención primaria, han ido deteriorándose. Los profesionales y los pacientes lo han denunciado. Entre otras razones porque los gobiernos y altos funcionarios de la sanidad han ignorado todos estos años la demografía de sus plantillas hasta el extremo de que, al parecer sobrados de profesionales, los obligaron a jubilarse a los 65 años. Igual que ha sido su responsabilidad, y de las comisiones de especialidad, la acreditación de servicios para formación mir y la dotación de plazas mir a convocar, incluidas las sometidas a cupo como en Galicia, e incluso los numerus clausus en Medicina.
Por eso sorprende que el Gobierno gallego en coalición con el vasco, y los otros firmantes, en medio de la zozobra de una asistencia sanitaria y una atención primaria con déficits de estrategia y organización nunca abordados pretenda transferir ahora la responsabilidad al Gobierno de España. Una responsabilidad que, en su caso podría ser abordada en el Consejo Interterritorial. Un consejo con competencias auténticas no reivindicado tampoco ahora, y cuyos acuerdos o recomendaciones muchos de los ejecutivos autonómicos, ahora «abaixo firmantes», objetaron e incumplieron reiteradamente en tiempos de pandemia. Acuerdos de obligado cumplimiento al parecer desde octubre de 2015, Gobierno de Rajoy, por la Ley 40/2015 del sector público. Pero no, lo de siempre. Más cargado de bombo.