Desde finales del año pasado estamos viendo que llenar el depósito de combustible es cada vez más caro. Inicialmente, la explicación de este aumento fue el incremento de la demanda de combustibles por la recuperación de la actividad económica tras el confinamiento, sin que la oferta aumentara para cubrirla. Este problema se acució por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones económicas que se están imponiendo a este país, lo que tiene como consecuencia que los precios estén alcanzando máximos históricos.
En Europa ya hay países que han optado por una bajada de los impuestos que afectan a la energía, mientas que en España la opción elegida inicialmente, muy cuestionada, fue subvencionar el coste del combustible. Pero esta medida ha tenido fuertes problemas de implementación (la recuperación de la rebaja por parte de las gasolineras y los trámites administrativos necesarios) y de eficacia (al ser una cuota fija, al seguir aumentando el precio del crudo el efecto desaparece).
La solución más eficiente y efectiva, al menos a corto plazo, parece que sigue pasando por una rebaja de los impuestos que afectan al precio final que paga el consumidor y que no influiría en la recaudación, dado que su efecto sobre los ingresos públicos sería inocuo, en tanto que la aplicación del impuesto sobre una base imponible (el precio) cada vez mayor implica una mayor recaudación para el Estado. Si el precio es 100 y el impuesto es del 21 %, la recaudación es de 21, y si el precio sube a 200 la recaudación es de 42, por lo que bajando el tipo al 10% la recaudación es de 20 de tal modo que, a pesar de la reducción del tipo impositivo la recaudación sería prácticamente la misma que al inicio de la subida del precio.
De hecho, según los datos publicados por la Agencia Tributaria, analizando solo el impuesto especial de hidrocarburos, en el primer cuatrimestre del año 2022 se ingresaron 4.209,81 millones de euros, lo que supone un 14,9 % más que el mismo período del año anterior, y eso a pesar de la huelga del transporte del pasado mes de marzo.
Por lo tanto, una bajada de los tipos impositivos, reduciría el impacto sobre las familias y las empresas y también ayudaría a frenar la inflación global, sin que ello tenga un impacto significativo sobre las arcas públicas. Además, esta medida fue pactada por el Gobierno y las comunidades autónomas hace ya unos meses, pero no llegó a ser implementada.