Un informe reciente de la ONU señalaba que España será el cuarto país del mundo con la media de edad más alta en el 2030. De hecho, el oriente de Galicia y la región de Castilla y León lideran los mayores índices de senilidad. Si a este factor le añadimos las enfermedades crónicas, más prevalentes en la tercera edad, no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta del grave problema al que nos enfrentamos. Y ya no quiero alarmar citando enfermedades muy graves que afectan al sistema que nos hace útiles e inteligentes, el cerebro. Hay una correlación bastante evidente entre los países en los que la prevalencia del alzhéimer es mayor y los países con mayor esperanza de vida, como es España. Pero sin alarmar, y con el deseo prioritario de informar, la enfermedad crónica de cualquier sistema dispara el gasto sanitario. El gran avance terapéutico ha convertido enfermedades graves con evoluciones fatales, como muchos tipos de cáncer, en procesos crónicos, pero muy costosos para la sanidad pública. Curar y alargar la vida, objeto de la medicina, cada vez es más costoso. Los círculos viciosos se multiplican en un aumento geométrico que obliga a un gran debate, antes de poner en riesgo la «joya de la corona» como es la sanidad pública. Y aquí entra la política. ¿Qué hacer? Con las cosas de comer no se juega. Priorizar el gasto público, saberlo gestionar, pedagogía ciudadana que limite el consumismo médico, incrementar el prestigio del médico de familia que limitará las urgencias y el ingreso del enfermo crónico, al que se atiende mejor en su casa, son algunas medidas urgentes. Pero corren malos tiempos, la economía y la demagogia populista basada en el recorte de derechos quieren mandar. Se oyen discursos preocupantes de transformar un bien colectivo en un beneficio privado. Grave error. Hay soluciones antes de derrumbar lo que se ha logrado con esfuerzo de generaciones que han dedicado gran tiempo de sus vidas para conseguir el nivel sanitario que disfrutamos.