Es lícito espiar a políticos siempre y cuando se cumpla con la ley

Carlos Tomé ABOGADO DE CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL

OPINIÓN

08 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Si nos centramos en el aspecto puramente legal de la polémica surgida por las intervenciones telefónicas a políticos independentistas catalanes por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la realidad es que la respuesta a la pregunta planteada ha de ser afirmativa.

El CNI está regulado por la Ley 11/2002, que en su artículo primero establece que es el organismo responsable de facilitar informaciones y estudios al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación para prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado. Su actuación será sometida a control parlamentario y judicial previo de sus actuaciones.

La Ley Orgánica 2/2002 regula este control judicial previo. El secretario de Estado director del CNI deberá solicitar autorización a un magistrado del Tribunal Supremo, designado para esta función, para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, como en el caso de estas escuchas telefónicas objeto de discusión. Y el magistrado acuerda su concesión o no mediante resolución motivada, además de disponer lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de secreto.