Medidas puntuales que elevarán el déficit: hay que pensar a largo plazo

Alberto Vaquero García GRUPO GEN DE INVESTIGACIÓN-UNIVERSIDADE DE VIGO

OPINIÓN

17 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Que el problema de la inflación en España venía de antes de la guerra en Ucrania es algo a todas luces evidente. Desde mediados del 2021 los principales indicadores relacionados con el valor de los bienes y servicios venían dando avisos de que algo no iba bien. El propio Banco Central Europeo avisó hace meses que, de seguir con este proceso inflacionista, se vería obligado a dejar de comprar deuda pública y empezar a desprenderse de activos para restar liquidez al sistema bancario.

Señalado lo anterior, también es justo indicar que este incremento de los precios ha aumentado notablemente por las consecuencias económicas de la guerra, debido a la globalización. Así, algunas de las estimaciones del IPC para España en el 2022 lo sitúan en torno al 7 %, más de 1,5 puntos por encima de la Eurozona. Todo esto, además de un empobrecimiento de las familias y empresas, va a lastrar el crecimiento del PIB en cerca de 1,5 puntos porcentuales. Eso sí, la situación habría sido peor de no contar con los fondos europeos, con la recuperación del turismo y una mejora de las condiciones sanitarias tras el (casi) fin de la pandemia.

En consecuencia, todos los países han apostado por introducir medidas para combatir la inflación. El Gobierno de España ha optado por una intervención en el mercado eléctrico para contener el precio del gas, que es precisamente lo que está encareciendo la factura. Con todo, es más que probable que esta actuación no permita frenar la escalada de precios, porque no se conoce con detalle cómo se va a hacer y la intensidad de la misma. La clave es bajar de forma permanente el precio de megavatio, cualquier otra actuación por supuesto que ayudaría, pero tendría un recorrido muy corto. Basta recordar que, hasta mayo del 2021, el precio máximo en la subasta mayorista era de 180 euros, una cifra muy alejada de la cuantía que venimos pagando desde hace casi un año.

Se ha aprobado una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible al repostar, pero esta medida solo va a ser coyuntural y creo que no debería ser igual para todos, puesto que la capacidad económica tampoco es la misma. Al igual que en su momento indiqué que otras ayudas per cápita no eran justas —por ejemplo, el cheque-bebé o la ayuda de 400 euros para todos los asalariados, pensionistas o autónomos—, creo que no se debería tratar de idéntica forma a un particular que a un autónomo o una empresa. El «café para todos» no vale.

En cuanto a la congelación del precio de los alquileres al 2 %, tampoco parece tener excesivo recorrido cuando es posible sortear de muchas formas esta limitación. Simplemente considerando las elevadas bolsas de economía sumergida y fraude fiscal en España es fácil darse cuenta de cómo se puede cobrar más por el alquiler sin superar el 2 % sobre el papel. Además, la mayor parte de las viviendas en España son en propiedad.

Asimismo, hay que considerar el coste para el erario público de estas medidas. Parece como si nos hubiéramos olvidado del elevado déficit y deuda pública que venimos arrastrando desde hace años. La situación de las arcas públicas en España no es comparable a la de Alemania o Francia, y la primera derivada de este conjunto de medidas es cómo nos afectará a nuestra capacidad para pedir prestado. Es sencillo, cuanto más se pida, más interés habrá que pagar.

Finalmente, es preciso señalar que este paquete de medidas, junto con otras que previsiblemente va a tener que aprobar en Ejecutivo después de la Semana Santa, deberán ser proactivas, no pasivas. España debe reducir drásticamente su dependencia energética y pensar en ser productores y no solo grandes consumidores. El uso de las renovables y una utilización racional de la energía nuclear pueden ser dos opciones a considerar. Además, no podemos obviar que la crisis de suministros no se ha resuelto, siguen faltando microchips y esto condiciona la producción de vehículos, ordenadores, aparatos electrónicos, etcétera. Es decir, el problema de la falta de ciertos bienes sigue latente.

En resumen, las medidas adoptadas pretenden frenar las tensiones inflacionistas, pero son puntuales y coyunturales. Hace falta una visión mucho más a largo plazo. De nuevo, lo urgente no deja tiempo para lo importante.