Apostar por reducir la carga fiscal de la energía

César García Novoa CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

OPINIÓN

17 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Nuestra economía se enfrenta a una escalada de la inflación, atizada por los costes energéticos y por la invasión de Ucrania, que puede alcanzar tasas de dos dígitos, algo que no conocíamos desde mediados de los ochenta. En este contexto, el Decreto-Ley 6/2022 aprueba el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

La primera cuestión a enfrentar es la de la idoneidad del decreto-ley como instrumento para crear prestaciones como las que se prevén, por ejemplo, a cargo de los mayoristas del sector de los carburantes. Aunque el Decreto-Ley 6/2022 las califica como no tributarias, existen serias dudas acerca de si son realmente tributos y sobre si afectan al deber de contribuir de los obligados a su pago, en cuyo caso su establecimiento por decreto-ley sería inconstitucional.

Y a pesar de que la fiscalidad es una herramienta útil en entornos inflacionarios, el plan tiene indudables carencias de índole impositiva. Aunque mantiene el tono expansivo de las políticas públicas, ello no se traduce en rebajas fiscales. Ni siquiera el decreto-ley contempla medidas de indexación, en especial de la tarifa del IRPF, que amortigüen la llamada progresividad en frío. Una inflación elevada es un factor que condiciona la política tributaria, provocando incrementos de riqueza puramente nominales que no son realmente expresivos de capacidad económica y que no se deben gravar.