Durante la cumbre de Versalles, los 27 socios de la Unión Europea reiteraron que «si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance». Quince días después de que Rusia invadiese Ucrania, los mandatarios europeos le refrescaban esta cláusula de su tratado a la fortaleza del Kremlin, desde el majestuoso palacio francés donde 50 países sellaron el pacto que puso fin a la Primera Guerra Mundial.
Sin mencionar expresamente a Finlandia y a Suecia —esta última denunció una incursión en sus aguas de cuatro aviones de combate rusos el pasado 2 de marzo—, ambos países nórdicos habían instado a la presidencia del Consejo Europeo para que se reiterase esa cláusula protectora. Para entonces, la ágil diplomacia de Helsinki ya había conseguido el amparo formal de Estados Unidos a su país, tras una entrevista personal de su presidente con su homólogo Joe Biden, en Washington. A renglón seguido, su primera ministra anunciaba un debate parlamentario sobre la conveniencia de ingresar en la OTAN. La tradicional neutralidad del país escandinavo, cuya frontera con Rusia rebasa los 1.300 kilómetros, está en cuestión. Si Ucrania, Georgia y Moldavia son admitidos en la Unión Europea, también se beneficiarían de esa cláusula invocada por Finlandia y Suecia. Pero la implicación directa de EE.UU. en caso de ataque solo la proporciona el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, cuya fórmula equivale al «todos para uno, uno para todos» que proclamaban los mosqueteros de Alejandro Dumas. Los países democráticos tienen que adoptar esas decisiones por cauces reglados.
Si vale de algo, España ingresó en la OTAN en 1982 por decisión unilateral del Gobierno de UCD. Un par de años después, el 30 Congreso del PSOE acordó someter ese acuerdo a referendo. Una consulta que se realizó en 1986, con el apoyo del presidente Felipe González al mantenimiento en dicha organización, que se impuso en la votación. El criterio final del PSOE sobre este asunto provocó la dimisión del titular de Exteriores socialista Fernando Morán, cuñado, curiosamente, de Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente que había decidido la incorporación de España a la OTAN.
Nuestro país, que ya pertenecía a la actual Unión Europea desde tres meses antes del citado referendo, ingresó definitivamente en la estructura militar de esta última en 1999, tras acordarlo así el Gobierno de José María Aznar.