La discusión sobre el fondo público de pensiones debe partir de que es necesario generalizar en España el segundo pilar de las pensiones: la previsión social complementaria. Durante años, gracias a la variable fiscal y a algunas advertencias incluso de ministros en el ejercicio de su cargo, los españoles han ido poco a poco tomando conciencia de la necesidad de ahorrar para la jubilación de manera complementaria al sistema público de reparto, el cual se ve más tensionado cada año que pasa por la longevidad o el déficit público, entre otros factores.
En este sentido, ante la incertidumbre sobre lo que pasará con las pensiones públicas, se hace necesario extender un sistema de contribución tanto patronal como individual a un plan gestionado de manera profesional y sistemática que sepa responder a las contingencias futuras y basado en el ciclo de vida del trabajador, evitando comportamientos emotivos.
Sin embargo, el tejido productivo español enfrenta dos importantes barreras que, en muchos casos, suponen muros infranqueables para una extensión generalizada del segundo pilar, y ahí es donde radica la lógica de crear un sistema de pensiones de empleo, pero promovido por el sector público. Por un lado, las empresas se ven sometidas a una presión fiscal vía cotizaciones a cargo de la empresa 10 puntos superior a la media de la OCDE, lo cual supone que destinar un porcentaje superior (aunque fuera solo de un punto o dos puntos más) de cotización a un fondo privado es muy difícil debido a la situación financiera de las empresas, con cuentas de resultados en pérdidas tras la pandemia (el 55 % de las empresas están en pérdidas, según el Banco de España, las cuales representan el 48 % del empleo).
Por otro lado, el desarrollo escaso de la industria financiera que ofrece los planes de empleo hace que para una pequeña empresa o un autónomo sea muy difícil ofrecer este tipo de beneficio social para sus empleados. La regulación existente y el tamaño tan reducido del mercado hacen que los productos de jubilación en España sean más caros y escasos que en sus homólogos europeos.
Por ello, promover un fondo público de pensiones de empleo tiene sentido, siempre y cuando no se contravengan principios básicos como el de no competencia con los planes privados (neutralidad de trato regulatorio), equivalencia fiscal entre las contribuciones de empresa y trabajador frente a las cotizaciones a la Seguridad Social, tenga una adscripción del trabajador por defecto y cuente con los mecanismos suficientes que aseguren la profesionalidad de los representantes públicos, de patronal y sindicatos en la comisión de control. Aunque hay elementos que parecen positivos de la propuesta del Gobierno, todavía queda mucho margen de mejora.