La decisión de Sánchez de aprobar el proyecto de ley de vivienda despreciando las críticas del Consejo del Poder Judicial no solo pone en duda la utilidad de sus informes si, como es el caso, no son jurídicamente vinculantes, sino que contradice la posición del PSOE cuando era oposición: entonces exigía, con razón, al Gobierno del PP que tuviese en cuenta, por ejemplo, un informe del Consejo sobre la ley de seguridad ciudadana (vulgo ley mordaza), lo que, al contrario que ahora el PSOE, sí hizo el Ejecutivo presidido por Rajoy, siempre más respetuoso que el actual con los equilibrios entre poderes del Estado.
Aunque este es el aspecto del asunto al que ha venido prestándosele de forma general más atención, el hecho de que buena parte de las críticas del Consejo del Poder Judicial vayan referidas a la invasión gubernamental de las competencias autonómicas (además de a un intervencionismo incompatible con la economía de mercado proclamada en la Constitución) preanuncia un vendaval de recursos regionales, que podrían acabar dejando hecha unos zorros la futura ley de vivienda.
Sea como fuere, podría resultar mucho más que sorprendente que un Gobierno que ha convertido la federalización de España en su bandera (falseada, pues España es ya un Estado federal) esté dispuesto a vulnerar los poderes regionales cuando ello le conviene para contentar a unos socios radicales empeñados en controlarlo todo, aunque sea al precio de que el tiro les salga al fin por la culata: son muchos los especialistas en el sector que defienden que las medidas intervencionistas que el Gobierno quiere aprobar en materia de vivienda acabarán por producir una subida de precios —que es lo que, al parecer, desea evitarse— al eliminar oferta del marcado.
Y digo podría, en potencial, porque la política territorial de Sánchez consiste, como en tantos otros ámbitos, en no tener política, sino en ir cediendo a las presiones de sus socios para seguir en el poder. Y así, mientras se transfiere al País Vasco lo que exige (lo último, el ingreso mínimo vital o la selección y nombramiento de una parte esencial de la función pública local) y se negocia con Cataluña un nuevo marco (lo del marco, como en las aldeas de Galicia, da mucho juego) para solucionar un supuesto problema que crean los que llevan décadas obteniendo de él dinero y competencias, a muchas comunidades (Galicia entre ellas) se les aplica la política del palo.
Galicia, que debido al coste de prestarlos tiene un déficit de 800 millones para la gestión de sus servicios básicos (por cierto mucho mejor administrados que en otras partes, como el sábado informaba este periódico: somos, por ejemplo, la comunidad con menor exceso de mortalidad en la pandemia y con menor abandono escolar temprano), sufre a diario el embudo sanchista, que aplica el lado ancho a sus aliados y compañeros de partido y el lado estrecho a los que no son de la pandilla, aunque su lealtad institucional sea desde siempre incomparable a la de los nacionalistas.