Sánchez llegó al poder ondeando la bandera de la regeneración democrática, pero con una tropa tras su enseña que desdecía radicalmente su proclama: pues era imposible regenerar nuestra democracia —en el supuesto de que estuviera entonces tan degenerada como afirmaba el insólito líder del PSOE— de la mano de quienes (Podemos, ERC o EH-Bildu) habían demostrado sobradamente no creer en la democracia liberal, la única que ha hecho realidad los anhelos de libertad, igualdad y fraternidad.
Desde entonces, esa supuesta regeneración ha avanzado como dicen que lo hacen los cangrejos —hacia atrás— hasta el punto de galopante corrupción institucional en que nos encontramos: con un Gobierno y una mayoría parlamentaria (ocasional, sí, y comprada, claro, pero mayoría al fin y al cabo) que desprecia las normas y los hábitos democráticos como en España nadie lo había hecho hasta la fecha. Los ejemplos son incontables y gravísimos, pero me fijaré ahora en dos que están de plena actualidad.
El Gobierno defiende que el Congreso convalide, «sin tocar una coma», el real decreto ley sobre la reforma laboral porque —afirma— es lo que le conviene al país. Es decir, a Sánchez, que siempre que habla de España lo hace de sí mismo. Lo increíble es que un asunto de esa importancia lo negociase Díaz solo con patronal y sindicatos, dando por supuesto, sin otra razón que un ninguneo del poder legislativo, que los diputados votarían como borregos lo aprobado fuera de la cámara. El maltrato al Congreso, a los millones de españoles allí representados y a la democracia que ello supone solo es concebible en quienes no acaban de entender las reglas de un sistema basado en el respeto al pluralismo y al orden institucional nacido de la Constitución.
El mismo orden que hace inconcebible que Sánchez haya decidido comprometerse en el escenario pre-bélico ucraniano sin contar para nada con las Cortes, ni dignarse siquiera a informar personalmente al Congreso de una decisión trascendental. El presidente afirma, en sus únicas declaraciones sobre el tema, que «vivimos un momento muy crítico», razón de más para haber hecho lo que manda la Constitución. Según esta corresponde al rey (es decir, al Gobierno), previa autorización de las Cortes, declarar la guerra y hacer la paz. Como tales declaraciones ya no existen, lo más cercano a ellas es el envío de tropas para participar, si fuese necesario, en un conflicto. Pero Sánchez ni solicita la autorización del Congreso (que habría obtenido sin problemas, pero al coste de solemnizar la demencial contradicción de su Ejecutivo en un asunto tan fundamental) ni se digna a informar a la cámara y a los partidos que sin exigir nada a cambio lo apoyan en su decisión.
Como escribió el gran periodista y editor Javier Pradera a cuenta de otra corrupción (la económica), también de la corrupción político-institucional que hoy vivimos podría decirse que son las perdices y los conejos los que ahora se encargan en España de redactar y aplicar la ley de caza. Y así nos va.