La financiación autonómica es algo más que población ajustada

María Cadaval Sampedro PUNTO DE VISTA

OPINIÓN

Sandra Alonso

27 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace unas semanas, el Ministerio de Hacienda dio por iniciado el proceso de revisión del modelo de financiación autonómica, tras la remisión a las comunidades autónomas de una propuesta para avanzar en el cálculo de la población ajustada, a sabiendas de que es muy difícil que pueda materializarse una reforma integral en esta legislatura

El sistema de financiación autonómica de régimen común se sustenta sobre tres pilares: la cesta de tributos —cedidos y compartidos—, los mecanismos de nivelación —horizontal y vertical— y los tributos propios que, a pesar de su frondosidad cuantitativa, apenas aportan el 2 % de la recaudación tributaria. La población ajustada es determinante para concretar el mecanismo de equidad, cuya revisión quinquenal es obligada por ley, aunque hasta ahora nunca se había realizado. De la propuesta del ministerio debe valorarse positivamente la idea de reforzar y actualizar el cálculo de la población ponderada con mayor desagregación de tramos de edad en el ámbito sanitario y la de introducir el coste del sistema universitario. Al contrario, es discutible la estimación de cálculo que hace para el reparto de los costes fijos y resulta contraproducente para los intereses de Galicia la nueva idea de cómputo: la despoblación.

Así pues, la comunidad autónoma gallega tiene algo que decir en el período de alegaciones que termina a finales de este mes, a sabiendas de que la reforma pendiente debe ir mucho más allá de retocar la población ajustada y orientarse en el sentido que, mayoritariamente, se esgrimió en la comisión no permanente especial de estudio para abordar la posición de la comunidad autónoma de Galicia ante la reforma del sistema de financiación. Los comparecientes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía tributaria, la armonización de mínimos en los tributos cedidos, al tiempo que superar la equidad parcial que introdujo el sistema del 2009 y apostar por la nivelación de todos los servicios, a poder ser a través de un fondo único que aporte transparencia y elimine la opacidad que caracteriza el procedimiento actual. Y puestos a recuperar, aunque sea de manera colateral al propio sistema de financiación, es imprescindible reclamar la vuelta del Fondo de Compensación Interterritorial según fue concebido en la Constitución.