Algo serio debe estar pasando para que el presidente de Galicia, que siempre se ha distinguido por su lenguaje correcto y su sentido institucional de la política, haya optado por definir como «enorme cacicada» el consorcio constituido por el Gobierno central con Seat e Iberdrola para activar la primera fábrica de baterías de España. Aunque el término «cacicada» no rompe el principio de proporcionalidad del lenguaje político, es evidente que, en boca de Feijoo, es una carga de profundidad contra la evidente falta de transparencia que hay en el reparto de los fondos Next Generation.
En este caso ya no estamos hablando del inexplicado reparto de nueve millones de euros entre cuatro autonomías gobernadas o cogobernadas por el PSOE, sino de importantes sumas de dinero reconducidas hacia un consorcio que premia a las dos autonomías que más nos chantajean, que, además de realizarse sin previo diálogo con los grandes fabricantes de automóviles asentados en nuestro país, determinan un inevitable e indefinido compromiso con Seat e Iberdrola para que puedan crecer a contracorriente del mercado, y condicionar todo el proceso de transición hacia la movilidad eléctrica.
Ni el presidente Feijoo, ni el consejero delegado de Stellantis, señor Tavares, tuvieron dudas a la hora de interpretar esta «cacicada» como una arriesgada intromisión en los equilibrios logrados, a lo largo de varios decenios, por los grandes fabricantes de automóviles, advirtiendo que, si esta forma de gobernar se mantiene, se puede poner en peligro el ventajoso estatus de país fabricante —el segundo de Europa— que en este momento disfrutamos.
El problema se agrava si pensamos que este empujón favorable a Seat, y ribeteado ahora con el partenaire vasco, fue vendido a la Generalitat, con anuncios prematuros del propio Sánchez, cuando aún no se había escrito una sola página sobre la forma de administrar y repartir los fondos europeos, por lo que pocas dudas pueden caber de que la transparencia brilla por su ausencia, y de que la calculadora trucada por el Gobierno ya está funcionando desde hace tiempo y para muchas cosas.
Hace menos de tres meses que, en el contexto del debate de totalidad del presupuesto, se realizaron distintos cálculos sobre el coste que tenía para España la mayoría parlamentaria que Sánchez tiene alquilada a los independentistas. Y a aquel cálculo respondí yo, en otro artículo, diciendo que, si solo era eso, me parecía muy barato, y que yo, en similares circunstancias, no dudaría en pagar el triple.
Pero allí mismo advertía que, si ese coste era barato, lo que nos salían carísimas eran las leyes, los decretos, las deudas inabarcables y las políticas irreversibles que sembraban de minas el futuro de España. Y es ahí donde brilla con fuerza el diagnóstico de Feijoo. Porque el riesgo no está en el dinero que se desvía, sino en el coste de los grandes cambios estructurales que comprometen nuestro futuro, sin más objetivo que el de mantener a Sánchez en el palacio de la Moncloa.