La judicialización del reparto de los fondos europeos supone el último giro de tuerca de un creciente sentido trivial de la acción política. La Comunidad de Madrid recurre ahora al Tribunal Supremo por el que considera reparto «arbitrario» de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, presenta recurso contencioso-administrativo por la concesión de nueve millones de euros a País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura «al margen del reparto aprobado». Una acusación a la que se une ahora el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.
Como ha expresado la vicepresidenta Calviño, para que el plan sea un éxito «es imprescindible una buena co-gobernanza de los diferentes niveles de administración pública». Hasta la fecha, las regiones que más fondos han recibido son Andalucía (1.916 millones de euros), Cataluña (1.579), Madrid (1.213), Comunidad Valenciana (1.055), Castilla y León (742) y Galicia (681). Fondos distribuidos conforme a los criterios acordados en las conferencias sectoriales correspondientes. Aparte de los que se distribuyen a las comunidades autónomas por medio de convenios, subvenciones o programas piloto, para el despliegue de proyectos alineados con los objetivos del plan.
Pero que las ramas no nos impidan ver el bosque. España está abriendo el camino de la Unión Europea en el despliegue del Next Generation Europe, siendo el primer país en presentar y ver aprobado su plan de recuperación, pero también el primero en recibir los pagos vinculados con el cumplimiento de los hitos predeterminados en el mismo. Todo ello en tiempo récord y con una evaluación que no pudo ser más favorable. En palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: «Hemos apoyado este plan porque es ambicioso, previsor y ayudará a construir un mejor futuro para los españoles».
El plan representa una oportunidad histórica para desplegar un programa de inversiones públicas de hasta 140.000 millones de euros, que se espera que movilice hasta 500.000 millones en inversión privada, y que transformará profundamente nuestra economía haciéndola más verde, más digital y más resiliente.
Frente a las acusaciones de falta de transparencia, esta financiación está sujeta a la fiscalización de la Intervención General del Estado y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. El propio plan, que la mayoría del Congreso aprobó hace un año, estipula los mecanismos contra conflictos de intereses, corrupción y fraude.
Todo esto, estructurado conforme a un modelo equivalente al de otros países. ¿Un organismo independiente para los fondos? La Comisión no ha ofrecido ninguna orientación sobre cómo organizar las estructuras políticas de los planes para los fondos. Y nada impide, como se ha insinuado también, recurrir cualquier decisión o adjudicación ante los tribunales de justicia. Para muestra el botón de Ayuso ¿y Feijoo?
En definitiva, como ocurre con todos los países de nuestro entorno, el Ejecutivo es quien gobierna el desarrollo del plan por medio de los órganos diseñados a distintos niveles. ¿Acaso podría ser de otra manera? Al fin y al cabo, el mecanismo de adjudicación de cada proyecto es el de cualquier concurso público y, como tal, se rige por los criterios y baremos ya conocidos por todos. En definitiva, es esencial cumplir los requisitos que se establezcan estando la ejecución, en buena medida, en manos de unas comunidades autónomas que, en aras del interés ciudadano y más allá de disputas estériles, deberían enfocar sus capacidades en un esfuerzo de ejecución sin precedentes.