Importante el trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil de Tráfico encaminado a localizar a tanto conductor suicida que conduce bajo la influencia de alcohol y drogas. Años atrás se imponían multas por exceder las tasas de alcohol permitidas, pero hoy en día raro es el joven que, tras ser parado y obligado a realizar la prueba de alcoholemia y de drogas, si da positivo no lo haga en ambas. La dureza de nuestras autoridades para acabar con estos kamikazes debe ser extrema, por lo que legislar al respecto elevando las penas para este ilícito penal no debe parecer descabellado.
Días atrás fue interceptada en el municipio de O Pino una conductora de 21 años circulando a 216 kilómetros por hora en un tramo de 120, quien además superó la tasa de alcohol permitida para conductores noveles. Será investigada por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial recogido en los artículos 379 y siguientes de nuestro Código Penal, pero las penas son ridículas en proporción al daño que pueden originar. Tres a seis meses de prisión (que en la inmensa mayoría de los casos no se cumplen), multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad. La única pena de las que recoge el texto legal que me parece acertada es la de privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Esa no debería quedar sin ser cumplida jamás. Sean o no reincidentes. Son muchas vidas las que pueden truncarse en un trayecto, por corto que sea, con estos inconscientes al volante.