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El precio del oscurantismo

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

A.Ortega.POOL

15 ene 2022 . Actualizado a las 10:15 h.

Dudo que el Tribunal Supremo tenga ganas de meterse en el lío al que lo aboca Isabel Díaz Ayuso con su demanda o querella, ya veremos, contra el Gobierno por la concesión de una ayuda de nueve millones de euros a cuatro comunidades autónomas. Dudo, además, que esta presunta cacicada de Sánchez sea delictiva, con lo cual la acción jurídica se quedaría en una pura acción propagandística con repercusión internacional. Y dudo, finalmente, que una cuestión política tenga que dirimirse otra vez en los tribunales. Eso es un nuevo paso en la galopante judicialización de la política y encierra una amarga lección: si acciones políticas injustas no tienen más cauce de solución que la Justicia, algo falla en el sistema.

La señora Díaz Ayuso no está sola. Su enfrentamiento con la dirección del Partido Popular se vuelve apoyo en este caso porque huele a votos. Resalto un matiz importante, y es que Núñez Feijoo planteó el asunto con un requerimiento que deja la acción judicial como último recurso. Y no me acaba de sonar bien ese motín de barones y alcaldes de 135 municipios de más de 25.000 habitantes. Tanto ruido puede tener beneficios electorales, pero con el riesgo de perjudicar la imagen de España en Europa, cuando se trata únicamente de deteriorar a su Gobierno.

La pregunta es: ¿resulta proporcionado provocar este choque por nueve millones de euros, que suponen el 0,08 por ciento del capítulo del que sale ese dinero? A juicio de este cronista, es proporcionado el requerimiento de Feijoo y tiene riesgos lanzarse directamente al Tribunal Supremo, que puede dar grandes titulares el primer día, pero también grandes decepciones el día de la sentencia. Y, en todo caso, estas cosas ocurren cuando se está en campaña electoral. Cuando se trata de recoger votos, da lo mismo una macrogranja que un dinero de la Unión Europea.