El coste social y económico del cambio a una movilidad sostenible
OPINIÓN
Las grandes potencias mundiales reunidas recientemente en la cumbre del clima en Glasgow han realizado previsiones catastróficas para la humanidad si no se toman medidas drásticas para reducir la contaminación. Un estudio de investigación presentado en ese mismo foro alerta de que las ciudades se calentarán el doble a causa del cambio climático, subiendo su temperatura media hasta tres grados, mientras las sequías y los ciclones azotarán las zonas más vulnerables del planeta provocando millones de muertes que no se podrán evitar.
Ante este horizonte apocalíptico que nos anuncian los expertos, los gobiernos ya se han puesto manos a la obra con objetivos ambiciosos cuya consecución exige tomar medidas firmes que ya están afectando a la economía mundial, nacional y, por supuesto, a los ciudadanos.
En nuestro país se ha realizado una apuesta clara por la reducción de las emisiones y la economía verde, con acciones controvertidas que no han sido bien recibidas por numerosos sectores profesionales, compañías energéticas, empresas logísticas y fabricantes de vehículos, que tendrán que diseñar nuevos modelos que no utilicen combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático.
Las ciudades también se han puesto las pilas y desde hace unos años algunas están realizando cambios para reducir la circulación de vehículos con el objetivo de que el peatón recupere su hegemonía frente al automóvil.
Pero si bien es deseable reducir la presencia de coches en las ciudades, también es necesario regular el uso de vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes o bicicletas, para que no perjudiquen ni a los transeúntes ni a los automóviles.
En este sentido, los ciudadanos estamos esperando como agua de mayo una ley de tráfico que reduzca el creciente número de accidentes ocasionados por los VMP y que ofrezca seguridad jurídica a peatones y conductores.
El creciente uso de bicicletas y patinetes en las vías públicas también está ocasionando numerosos problemas de movilidad, precisamente por la falta de regulación y por la urgencia con la que algunos consistorios quieren erradicar los coches de sus calles, sobre todo en los centros urbanos.
Y es que en muchas ciudades se está empezando la casa por el tejado, impidiendo la circulación de los vehículos sin haber creado antes una red de transporte urbano eficaz que satisfaga las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, muchos se quejan de que la urgencia por peatonalizar viales está perjudicando a aquellos que no tienen garajes donde guardar sus vehículos y se ven abocados a dar vueltas y vueltas buscando un hueco, una rutina, por cierto, mucho más contaminante que llegar y estacionar.
En este contexto de cambio, los gestores administrativos estamos trabajando duramente para ofrecer seguridad y, sobre todo, creando herramientas para que los ciudadanos se puedan adaptar a este nuevo escenario de movilidad. Ante los cambios ya iniciados, y los que se avecinan, es inevitable buscar respuestas y previsión de medidas conducentes a contrarrestar el impacto social y económico de los mismos.
La industria española de automoción tiene una fuerte relevancia económica y social para España y un elevado efecto tractor para el resto de las industrias y sectores. Representa el 10 % del PIB y unos dos millones de puestos de trabajo están ligados al sector. Por otra parte, la fiscalidad sobre el automóvil, directa e indirecta, aporta importantes ingresos a las arcas públicas.
Es importante y urgente que los poderes públicos aporten medidas, propuestas y soluciones que disipen la incertidumbre. Es necesario saber cómo se va a soportar el coste social y económico del cambio.