Más allá de sus respetables motivos personales, lo extraño no es que Castells haya dimitido, sino que hubiera aceptado un cargo que estaba muy lejos de sus habilidades y de su trayectoria: la de un científico social de primera línea, que nada podía ganar, sino todo lo contrario —como ha acabado sucediendo—, apartándose de sus libros, sus conferencias y sus clases.
Sánchez, que erró por todo lo alto cuando aceptó que Colau colocase a Castells en el Gobierno, ha vuelto a hacerlo, aunque ahora por motivos muy distintos, y muy graves, al aceptar a quien lo sustituye. Y no, claro, porque Joan Subirats no conozca nuestra Universidad, de la que ha sido un notable profesor e investigador durante años, ni porque no tenga ya alguna experiencia de gestión, como concejal de quien lo ha promovido para entrar en el Gobierno, sino por algo que ha pasado como si nada, mostrando hasta qué punto los españoles —al parecer anestesiados para defender la democracia cuando gobierna esta izquierda reaccionaria— son ya incapaces de indignarse ante el desprecio a la regla esencial de todo Estado de derecho: la del respeto a la Constitución y a la ley al que todos, ciudadanos y poderes públicos, estamos obligados.
Subirats votó el 2 de octubre del 2017 en el referendo ilegal por la independencia de Cataluña, el mismo que, entre otras razones, provocó que fuese intervenida la autonomía catalana en virtud del artículo 155 de la Constitución y que dio lugar, tras un juicio celebrado con todas las garantías de nuestra ley fundamental, a que los cabecillas de la consulta fueran condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre trece y nueve años de prisión por sedición y/o malversación.
Subirats votó en una consulta prohibida por los jueces y que las fuerzas y cuerpos de seguridad (es verdad que con muy poca fortuna) trataron de evitar. Y no lo hizo a escondidas, sino que decidió subir a Twitter la foto de su participación acompañada de cuatro hashtags («He votado; referéndum catalán; Rajoy dimisión; Democracia»).
¿Puede, quien actuó de ese modo, colaborando activamente con un acto ilegal y delictivo, sentarse en el Consejo de Ministros? ¿Puede ser miembro de un Gobierno que tiene como primera obligación garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la ley quien hace nada violó la una y la otra apoyando abierta y públicamente un acto ilegal y delictivo y pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno que, cumpliendo con su obligación, trataba de evitarlo?
El primer problema de Cataluña es hoy la absoluta impunidad con que incumplen las leyes las autoridades autonómicas, esas que —último ejemplo— se niegan ahora en redondo a ejecutar una sentencia del Supremo. Por ello, el mensaje que envía a los catalanes el nombramiento de Subirats es el peor imaginable: que se puede ciscar uno en la ley y al poco tiempo entrar en el Gobierno nacional, que debe obedecerla y asegurar su cumplimiento. Ya solo haciendo lo que indico en el título podría superarse a sí mismo Pedro Sánchez.