El tema del indulto parcial a Juana Rivas y la decisión de un juez de Granada de negarse a excarcelarla por presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos estando a su cargo ha dado lugar a la resurrección del barón de Montesquieu y su teoría acerca de la separación de poderes, sin la cual no hay democracia que se sustente. Al Ejecutivo no le ha quedado otra que no entrar a valorar la resolución del magistrado y recuerda que «es su potestad» acordar o denegar la suspensión de la pena de prisión. La ley es la ley y el poder ejecutivo no puede pretender, como hizo en tantas ocasiones, estar por encima del poder judicial en temas de su competencia. Curiosamente, el Gobierno hace una llamada a la opinión pública con el fin de extremar la sensibilidad y evitar utilizar la situación de los menores, cuyo interés es lo que debe primar, obviando el hecho de que en este caso la condenada fue la madre por evitar durante un largo período de tiempo que el padre visitara a sus hijos y saltándose a la torera cuanta resolución judicial se dictó al respecto. Un varapalo al sector más radical en cuanto a feminismo se refiere del Gobierno Frankenstein. Y es que lo bueno que tiene la justicia de un país en el cual se respete la separación de poderes es que la ley es igual vaya a aplicarse a un hombre o a una mujer. Lo contrario es propio de repúblicas bananeras.