Un desastre ante el que el Gobierno debe intervenir

Roberto Pereira Costa ECONOMISTA

OPINIÓN

28 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

No pintan nada bien los augurios para el 2022. Es verdad que llevamos cierto tiempo muy preocupados por la sanidad y la salud debido a la pandemia que nos afecta desde principios del 2020. Son prácticamente dos años que nos han descolocado totalmente: Pero han ocurrido otras muchas cosas durante este período que van a tener mucha incidencia en el futuro devenir.

Hasta prácticamente finales del 2020 hemos contado con un gran aliado desde el punto de vista económico, que permitió que las reglas del juego se mantuvieran en cierto tono de estabilidad y, por lo tanto, no se produjesen desequilibrios que hiciesen tambalear los pilares de la economía. Me refiero a la tasa de inflación, que hasta entonces era prácticamente plana, y en ese escenario resultaba mucho más fácil buscar soluciones para cualquier problema que pudiese surgir.

Las cosas han cambiado soberanamente en el 2021. A pesar de haber resuelto un reto que se antojaba muy difícil en el 2020, cual era encontrar una vacuna para el coronavirus, y, en tiempo récord, conseguir un porcentaje de vacunación que a estas alturas supera el 80 % de la población, no hemos tenido la misma suerte con la tasa de inflación. Y mucho me temo que cerraremos el ejercicio con un porcentaje que rondará el 6 %.

Ya no estábamos acostumbrados a actuar en estos escenarios inflacionarios, y vamos a tener que ponernos las pilas, porque la recuperación de los mercados en una dirección contraria va a costar sangre, sudor y lágrimas.

Parece que estemos afrontando todos los elementos necesarios para una tormenta perfecta, ya que el coste de la energía se ha disparado, los combustibles están batiendo cifras récord en sus precios de venta, los costes laborales se incrementan por la revisión del salario mínimo y el incremento de las cotizaciones, y desde el Ministerio de Hacienda se pregona un tipo mínimo de tributación en el impuesto sobre sociedades. Todos estos factores no pueden desencadenar otro efecto más claro que la pérdida de márgenes comerciales e industriales, lo que en algún caso puede derivar en la inviabilidad de la empresa y en sus consecuentes secuelas de mayores cifras de desempleo.

Con esta perspectiva, la pregunta que nos hacemos es si la anunciada huelga del transporte resulta admisible justo en el momento en que se mueven más mercancías a lo largo del año. Ahora que la población vuelve a casa por Navidad, nos vamos a encontrar con falta de algunos suministros en el sector de la alimentación y en el de la juguetería, ramos que se están jugando sus cuentas de resultados en escasamente mes y medio.

Pero tampoco podemos hacer oídos sordos a un sector, el del transporte, que atraviesa momentos muy difíciles, con un coste del combustible que está derribando de forma clara sus márgenes, sin que esa subida se repercuta en las tarifas de los portes. Ello significa una pérdida muy clara de poder adquisitivo en un episodio de tensión inflacionaria que agrava la situación.

No voy a entrar, pues, en la discusión de la legitimidad de la huelga, cuya convocatoria supondrá un importante quebranto en la distribución de las mercancías en una época muy especial del año. Pero sí que debemos preguntarnos si el Gobierno de la nación no debería intentar actuar para evitar este desastre, y que el regalo de la Navidad 2021 sea otro muy distinto para todos los ciudadanos.