Financiación autonómica: escriben los presidentes de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha

Una financiación suficiente como garantía de la justicia social

Gracias a la iniciativa y la hospitalidad del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ocho comunidades de España, que suponen el 62 % de su territorio y la cuarta parte de su población, nos reunimos el 23 de noviembre en Santiago de Compostela para fijar una serie de posiciones comunes sobre los criterios que se deberían seguir ante una futura reforma del sistema de financiación autonómica. 

Todos compartimos la misma opinión negativa del actual sistema, que desde su inicio fue insuficiente, ineficiente y deficitario. Por ejemplo, en Castilla y León uno de cada seis euros de nuestro gasto social no lo cubre el modelo de financiación. Así, su incapacidad para proporcionar toda la financiación que requieren los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas constituye su principal defecto estructural.

En esto influye decisivamente la primacía absoluta que hoy tiene el factor de la población —un 97 %— para calcular el coste real de tales servicios. Por ello, una de las más importantes reclamaciones que expresamos en esa reunión fue que tal factor sea ponderado suficientemente por otros como la superficie, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento, que originan un sobrecoste muy notable a la hora de llevar los servicios públicos que merecen las personas a lo largo de todo el territorio. Esto es algo que ven y comprenden fácilmente tanto los gallegos como los castellanos y leoneses.

Si nos fijamos en la dispersión, por ejemplo, educar a un niño en un pueblo es un 40-50 % más caro que en una ciudad. Si nos fijamos en el envejecimiento, el gasto sanitario de una persona mayor de 75 años es cinco veces superior al de un menor de 45.

Y si nos fijamos en el territorio, Castilla y León, la comunidad más extensa de España, ofrece innumerables casos. Baste decir que sostenemos el 38 % de todos sus consultorios locales, el 17 % de todas sus carreteras autonómicas, el 18 % de la superficie forestal española o el mayor número de bienes culturales y Patrimonio de la Humanidad de nuestra nación.

Por todo lo anterior, conseguir una financiación que cubra los costes reales de los servicios públicos que permiten asegurar el bienestar de las personas nos unió a todos los participantes en ese foro. Así, una financiación suficiente se convierte en garantía de justicia social. Una financiación sin privilegios para nadie. Atendiendo las necesidades de todos y escuchando a todos. Con la convicción de que, si lo logramos, habremos dado un paso de gigante en la consolidación del Estado de las autonomías.

Responsabilidad compartida

A comienzos de esta semana nos reunimos una parte del todo de España para hablar de presente y futuro. Un tiempo nuevo, tras este último año en el que hemos tenido que tomar decisiones difíciles con el objetivo de frenar la propagación del covid 19 y lo más importante, salvar vidas.

Ese ha sido el único horizonte que teníamos ante una emergencia que nos sobrevino sin manual de instrucciones, y en el que la prioridad más urgente ha sido y seguirá siendo la salud pública y la protección y sostenimiento de nuestro sistema sanitario, un elemento imprescindible para poder combatir la pandemia del covid 19, que ha puesto a prueba su capacidad de respuesta en un momento de máximo estrés.

Por ello, no debe haber nada más urgente en este momento que tratar, previamente a la financiación del Estado autonómico de nuevo, el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud, para valorar qué sanidad queremos tener y cómo la queremos tener.

La sanidad española debe tener el apoyo presupuestario necesario y suficiente, no solo para garantizar la igualdad de oportunidades a la ciudadanía, con independencia de sus cuentas corrientes y de dónde procedan, sino también para mantener el sistema sanitario y dotarlo de los recursos suficientes que garanticen su permanencia como instrumento fundamental de cohesión social y de calidad.

Un reto que nos debe y nos tiene que interpelar a todos los poderes públicos del Estado pero también a la sociedad española en su conjunto, siempre desde la fortaleza de la unidad y el diálogo, porque vivimos en un país, España, que es nuestra patria común e indivisible, como recoge la Constitución de 1978. Un espacio público compartido que es de todas y todos y donde tienen cabida todos los territorios sin diferencias ni agravios comparativos, con las mismas prestaciones de unos servicios públicos de calidad universales y con una distribución de la riqueza justa y solidaria.

Sobre la base de esto, el objetivo fundamental de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica debe ser garantizar el estado del bienestar, prevaleciendo el sostenimiento de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Solo así podremos avanzar hacia un nuevo proyecto de país desde la concordia, el diálogo y la unidad como elementos clave para el progreso de las sociedades democráticas.

Estado de las autonomías y estado de bienestar

A lo largo de estos últimos años, en medio del ruido ensordecedor que genera la inestabilidad política que vive nuestro país, he defendido que con la Constitución de 1978 España ha vivido el mejor momento de su historia en cuanto a progreso, bienestar y libertad. Y esto ha sido posible porque nuestra nación ha sabido siempre distinguir entre las corrientes de fondo, las que verdaderamente impulsan en una dirección imperturbable y las corrientes de superficie, más visibles, donde chocan los intereses de la política, la inestabilidad de coyuntura y el ruido de la discordia.

Éxito de la Constitución es la consolidación del Estado de las autonomías como base sólida del estado de bienestar, basado en el principio de la solidaridad entre territorios y personas, la cercanía y consolidación en la gestión de los servicios públicos y la posibilidad de aplicar soluciones adaptadas a las particularidades que definen los diferentes territorios de España, sin renuncia de los grandes valores de orden y obligación general que nos convierten en una de las pocas democracias reconocidas y reconocibles como tales en el mundo.

Las dos gravísimas crisis que hemos vivido desde el 2008 han demostrado que la gestión autonómica de los servicios públicos esenciales supera en logros y ventajas a las dificultades que pudieran suponer, pero también que el esfuerzo por mantener lo que a los españoles corresponde por derecho constitucional no es equitativo por razones de extensión geográfica, número y pirámide de población, y capacidad de producción. Es una cuestión de fondo que afecta de verdad a la igualdad de derechos de los españoles y que amenaza a la estabilidad de España más que otros problemas con más eco, carga de populismo, nacionalismo o partidismo político. Mientras unos pretenden ventajas presupuestarias en negociaciones ajenas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las comunidades de mayor población exigen que sea este baremo el que decida la distribución de fondos. Pero el Estado debe asumir que no cuesta lo mismo un centro de salud para una serranía de baja población que para un barrio de Madrid o Sevilla.

Las comunidades autónomas entendemos la diversidad como una vía de mejor gestión de la responsabilidad del Estado, no como una red de fronteras entre españoles. Por eso, ocho comunidades con gobiernos diversos, pero con problemas similares en cuanto a financiación, hemos suscrito una posición conjunta para la defensa de la igualdad de derechos de los todos los españoles, sea cual sea su lugar de residencia, mediante un modelo más adecuado y más justo de financiación, a discutir donde debe hacerse: en el CPFF.