No podemos dejar solos a los policías
OPINIÓN
Todos los cuerpos policiales estatales, autonómicos y locales, y hasta la seguridad privada que opera en España, muestran indignación y rechazo al anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC). Se están tocando ámbitos de enorme sensibilidad y trascendencia para los ciudadanos. Que nadie piense que es una norma jurídica que solo afecta a este colectivo sectorial, aunque son los numerosos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil quienes, de forma unánime y casi insólita, han convocado ya manifestaciones desde hoy y hasta el sábado. No podemos acomodarnos, dejarlos solos y hacer buena una lacónica frase de Esopo: «Es fácil ser valiente desde la distancia segura».
La policía no es un poder, ni quiere serlo. Los agentes de la autoridad tienen muy asumido que son la fuerza de los ciudadanos. Saben muy bien que presentan la primera línea de vanguardia en la represión del delito y en la garantía de los derechos y libertades, según el mandato constitucional. La seguridad pública es un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades, no un fin en sí misma.
La profesión tiene sus peligros, nadie lo duda, pero aquí está en juego algo más que la integridad física y amparo jurídico de ellos y sus familias. Los éxitos y fracasos policiales en esas tareas también van a estar muy condicionados por la fortaleza o debilidad del sistema legal. Las herramientas jurídicas son básicas. No se pueden recortar los medios del Estado de derecho si queremos garantizar la convivencia. El equilibrio es esencial.
Derogación, reforma o modificación (en este caso de la LOPSC) no son sinónimos, sino eufemismos puestos de moda en el debate político para confundir. Parece más cómodo hablar del trabajo policial que de quienes siembran la violencia y de quienes les apoyan y ofrecen respaldo. Lo cierto es que las anunciadas y drásticas modificaciones son ajenas a cualquier necesidad técnica o jurídica. ¿Por qué se ha hurtado la consulta, para sugerencias y mejoras, a los representantes de los colectivos policiales?
La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un binomio inseparable, como ya se proclamaba en la primigenia ley orgánica 1/1992. La seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del estado de derecho, se insiste en la actual, del año 2015. Aquella fue tildada de «ley de la patada en la puerta y carné en la boca»; esta otra de «ley mordaza». Las etiquetas desvirtúan el contenido. Quizá los fines no sean baladíes y atiendan, en cada momento, a otros intereses estratégicos. Conviene recordar la antológica frase de Confucio: «Cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo». También hay quien piensa que es conveniente mirar al dedo cuando «la política» señala la Luna. Quedarse en lo superficial es perder la esencia de las cosas. Hay que poner bien el foco.
¿Quién avala los cambios propuestos? A decir de muchos, es una exigencia al PSOE de sus socios más radicales. ¿Podrán unos pocos imponer sus criterios en una ley que en su contenido orgánico exige mayoría absoluta para la aprobación? La corresponsabilidad será del Gobierno, por acción o dejación, y de quienes, en su caso, la enmienden y voten en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, ¿qué hacemos los ciudadanos? Del árbol del silencio depende el fruto de la seguridad.