Cuando algo satisface las aspiraciones solemos decir: «Dígame dónde hay que firmar». Pues las mismas ansias tiene este cronista: firmaría cada una de las demandas de la Declaración de Santiago, como han hecho los presidentes reunidos a iniciativa de Alberto Núñez Feijoo. Y es que razonablemente nadie se puede oponer a un documento inspirado en un principio que recuerda la esencia de la democracia («un hombre, un voto») y que, transferido al ámbito territorial, se puede traducir así: «Todos los ciudadanos, idénticos derechos». Esa es la esencia de la justicia y la igualdad social y territorial. Cuando eso se incumple, no hay justicia ni igualdad.
El documento es tan bueno y tan completo que me hace temer lo peor: será imposible de cumplir en su totalidad. Busca la excelencia, la perfección, y merece elogio que partidos tan distintos y habitualmente enfrentados como el PSOE y el PP hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en 35 reclamaciones. Es algo que no había ocurrido nunca. Es la demanda de más del 60 por ciento del territorio, aunque solo represente la cuarta parte de la población. Y es la victoria del liderazgo de Núñez Feijoo, que no es solo un referente para los conservadores, sino para la mayoría de barones socialistas.
Pero mucho me temo que sea también la gran prueba, quizá insuperable para el Gobierno de la nación. A eso me refiero cuando digo que el documento será imposible de cumplir en su totalidad. Hay una dificultad objetiva: no todo depende de la Administración central. Por ejemplo, los servicios bancarios. La banca ya desmanteló oficinas y cajeros automáticos como símbolo del vaciamiento de la España rural. Hay una dificultad operativa: la necesidad de precios justos en la actividad agraria. Para ello haría falta desmontar el tinglado de intermediarios, que parece una red indestructible. Hay una dificultad de repoblación: es dudoso que el emigrante acomodado consiga llevar a sus hijos a vivir en la aldea. Y hay una dificultad vocacional y económica: encontrar farmacéuticos que quieran prestar servicios en zonas de nula rentabilidad, salvo que hagan funcionarios a esos profesionales.
Señalo estos problemas, los más evidentes, solo para mostrar lo complicado del salvamento de la España rural y vaciada. Por eso, solo con que se consiga la mitad de lo demandado y en plazo no inmediato, los presidentes reunidos podrán hablar de un éxito espectacular. Y antes de todo ello habrá el problema más tonto, que es el señalado por Miguel Ángel Revilla con su habitual desparpajo: «Los políticos están condicionados por los votos, que están donde vive mucha gente». Eso dice también la experiencia y el trato de favor a territorios que no necesitan rescate. Mi conclusión: habrá igualdad de derechos el día que gobierne quien tenga el país como prioridad, y no su ambición de conquistar o mantener el poder.